¿Las tarifas de gas subirán sin control? La Procuraduría lanza advertencia

En respuesta a los recientes ajustes en las tarifas de gas en el país, se ha puesto en marcha un riguroso monitoreo para asegurar que los incrementos se realicen de manera justa, transparente y en cumplimiento de la normativa vigente. Esta iniciativa de la Procuraduría General de la Nación (PGN) busca proteger los derechos de los usuarios, especialmente de los sectores más vulnerables, y garantizar que los aumentos no tengan un impacto desproporcionado en la población.

El Ministerio Público ha solicitado a las autoridades competentes adoptar medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los consumidores. Asimismo, se ha hecho un llamado al Ministerio de Minas y Energía para revisar las políticas públicas que han llevado al alza en los precios del gas, con el fin de proponer soluciones efectivas que mitiguen el impacto de estas alzas y aseguren una prestación eficiente del servicio.

En este contexto, también se ha instado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a fortalecer la supervisión y vigilancia de los incrementos tarifarios, asegurando su legalidad. Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha sido requerida para tomar medidas urgentes en materia regulatoria, considerando la actual coyuntura del país en cuanto al abastecimiento de gas. “Es fundamental que estas acciones garanticen precios justos y razonables para la demanda esencial”, destacaron las autoridades.

Adicionalmente, las empresas distribuidoras de gas natural han sido exhortadas a proporcionar información clara, detallada y oportuna sobre las razones que justifican los aumentos, así como sobre el impacto que estos tendrán en los consumidores. Esta medida busca fomentar la transparencia y permitir que los usuarios comprendan las razones detrás de los ajustes tarifarios.

En su compromiso con el diálogo y la búsqueda de consensos, la Procuraduría continuará ejerciendo una vigilancia preventiva y un control de gestión rigurosos. El objetivo es asegurar que el gas, como servicio público domiciliario, se preste de manera oportuna, eficiente y eficaz, protegiendo así los intereses de todos los ciudadanos.

El Ministerio de Minas debe revisar las políticas de precios.

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