By Gran operación en 10 cárceles del país deja 201 personas identificadas como presuntas extorsionistas
“los delincuentes tenían varias formas de extorsionar, por ejemplo, identificarse como cabecillas de grupos ilegales y hacerse pasar por autoridades para evitar ser vinculados a procesos judiciales”.
Foto referencial/Cortesía/ADNSur.
BOGOTÁ.
Por instrucciones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y ante la preocupación por las extorsiones que se vienen originando en los centros penitenciarios del país, se llevó a cabo una gran cruzada nacional para afectar a los responsables de la comisión de estos delitos de los que sigue siendo víctima la ciudadanía.
La ‘Operación Demoledor’, que es la segunda acción contundente que se adelanta en respuesta a la iniciativa del Fiscal General, se logró con un trabajo conjunto entre fiscales Gaula, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula Policía, Gaula Militar y la Policía Judicial del Inpec; en total, participaron 1.883 funcionarios.
Este operativo que inició el pasado lunes 17 de abril dejó como resultado 10 cárceles allanadas y 201 personas identificadas ─34 que al parecer delinquían desde los centros penitenciarios y 167 que se presume hacían parte de las redes que operaban en el exterior de las mismas─ quienes estaban encargadas de reclamar los giros, producto de las extorsiones.
El objetivo de la operación fue combatir, de manera paralela, la extorsión carcelaria con la corrupción, razón por la cual se cambió la intervención a las cárceles por allanamientos, y se adelantaron los procedimientos en las penitenciarías de La Picota (Bogotá), Cómbita (Boyacá), Guaduas (Cundinamarca), San Sebastián La Ternera (Cartagena – Bolívar), Las Mercedes (Montería – Córdoba), Doña Juana (La Dorada – Caldas), Pedregal (Medellín – Antioquia), Palo Gordo (Girón – Santander), San Isidro (Popayán – Cauca), y La Vega (Sincelejo – Sucre).
En los allanamientos fueron incautados 246 celulares, 205 Sim card, 25 USB y micro SD, 4 módems, 53 cargadores y baterías, 29 agendas con información de posibles víctimas y 160 armas blancas.
El material electrónico incautado será sometido a un riguroso análisis forense que le permitirá a la Fiscalía General de la Nación establecer quienes eran las víctimas y reunir evidencia digital relacionada con correos electrónicos, accesos a páginas web, videos, fotografías y vínculos con otras personas dedicadas a esta actividad criminal.
Los afectados eran ciudadanos, en su mayoría, comerciantes, ganaderos y vendedores.
Según la investigación, los delincuentes tenían varias formas de extorsionar, por ejemplo, identificarse como cabecillas de grupos ilegales y hacerse pasar por autoridades para evitar ser vinculados a procesos judiciales.
La Fiscalía aplicará la acción de extinción de dominio sobre los bienes de quienes resulten vinculados a estas conductas y a quienes, siendo funcionarios públicos, facilitaron el accionar de los delincuentes.
Asimismo, los funcionarios públicos que estén asociados con este delito serán vinculados a procesos penales.
Dentro de la iniciativa del Fiscal General de combatir las extorsiones que se generan en muchos casos desde las cárceles, la primera acción que arrojó resultados fue cuando fiscales Gaula reactivaron procesos por extorsión. Gracias a ello, en marzo se realizó una operación en el centro penitenciario Picaleña (Ibagué – Tolima), donde se impactaron varias organizaciones, cuyos cabecillas se encontraban recluidos en esa cárcel. Igualmente, se impactaron bandas que actuaban fuera de la penitenciaría.
El resultado del operativo fue evidente. Al realizar el censo delictivo semanal se logró establecer una importante disminución en las denuncias sobre extorsión en las seccionales de Tolima, Risaralda y Valle del Cauca, que estaban afectadas por ese flagelo.
“Este trabajo mancomunado entre la Fiscalía, a través de su Policía Judicial CTI; la Policía Nacional, el Ejército y el Inpec, reflejado en la ‘Operación Demoledor’, evitó el pago de más de $5.000 millones mensuales en extorsiones”.
