Una investigación de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto una presunta estructura dedicada a realizar extorsiones y estafas desde la cárcel La Picota, en Bogotá, que habría obtenido más de $4.900 millones y utilizado parte de esos recursos para adquirir inmuebles, vehículos y otros activos.
La modalidad comenzaba desde prisión. Según el ente investigador, algunos internos habrían evadido los controles penitenciarios para acceder irregularmente a teléfonos celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras, herramientas con las que contactaban a potenciales víctimas en diferentes regiones del país.
Entre las estrategias identificadas estaba la creación de perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para ofrecer supuestos servicios sexuales. Durante las conversaciones obtenían fotografías íntimas de las víctimas o recurrían a imágenes tomadas de redes sociales y montajes.
Posteriormente comenzaban las amenazas. Los responsables intimidaban a las personas con divulgar ese material o involucrarlas en señalamientos relacionados con delitos sexuales si no realizaban transferencias de dinero. Cuando conseguían un primer pago, aumentaban la presión para obtener nuevas sumas.
La ruta del dinero llevó a más de 631.000 operaciones
El caso se originó a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que permitió a los investigadores seguir el recorrido de los recursos e identificar a las personas que presuntamente intervenían en su administración.
La Fiscalía examinó más de 631.000 operaciones financieras y documentó 43 noticias criminales correspondientes a denuncias y reportes de víctimas.
Los recursos producto de las extorsiones y estafas eran recibidos principalmente a través de billeteras digitales y cuentas de terceros. Posteriormente se distribuían entre diferentes integrantes de la organización, se retiraban en efectivo o se destinaban a la adquisición de bienes.
El análisis financiero permitió establecer que la estructura habría obtenido más de $4.900 millones mediante actividades realizadas desde el pabellón 6 de La Picota.
Adicionalmente, las autoridades detectaron un presunto esquema mediante el cual habrían sido ocultados por lo menos $2.000 millones en menos de cuatro años.
Alias ‘El Don’ o ‘Pluma’ tendría el control del entramado
Parte de los recursos retornaba mediante consignaciones de bajo monto que tendrían como destinatario a alias ‘El Don’ o ‘Pluma’, señalado por la Fiscalía como presunto articulador criminal y financiero de la organización.
El hombre permanece privado de la libertad y cumple una condena de 38 años de prisión por el homicidio de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas. Además, está postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como exintegrante de las extintas FARC.
De acuerdo con la investigación, habría ejercido injerencia en varios patios de La Picota, donde algunos internos presuntamente eran reclutados y entrenados para realizar llamadas masivas con fines delictivos.
Parte de las ganancias obtenidas también habría sido utilizada para mantener esa capacidad de operación dentro del establecimiento y facilitar el ingreso y comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.
Familiares habrían participado en el movimiento de los recursos
La investigación también involucró a la esposa, el hijo y la hijastra de alias ‘El Don’, quienes presuntamente facilitaron la circulación del dinero y la adquisición de bienes.
Las autoridades identificaron seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá; Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá, en Cundinamarca; y Restrepo, Meta, que habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actividades investigadas.
La Fiscalía anunció que promoverá medidas cautelares sobre estos activos con fines de comiso.
Mientras alias ‘El Don’ fue notificado del nuevo proceso en el establecimiento penitenciario donde permanece recluido, servidores del CTI, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, capturaron a tres de sus familiares.
Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá y, según la presunta participación atribuida a cada uno, les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad.
Los tres procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La estructura investigada habría obtenido más de $4.900 millones mediante extorsiones y estafas realizadas desde La Picota.
