Durante casi diez años, 35 municipios de Cundinamarca estuvieron pagando a Codensa (hoy Enel Colombia) no solo por la energía del alumbrado público, sino también por el uso de postes, luminarias, redes eléctricas y hasta por su modernización. Es decir, la empresa no solo cobraba por prender la luz, sino también por todo lo que se necesita para que funcione, como si los municipios estuvieran alquilando algo que, por ley, debería ser de su propiedad.
Este modelo generó pagos millonarios. Por ejemplo, solo en 2015, 18 de esos municipios giraron más de 6.800 millones de pesos. Y si se tienen en cuenta las prórrogas que incluían estos contratos, los costos podrían haber llegado hasta los 63.000 millones.
Ante esto, la Contraloría de Cundinamarca inició una acción popular para proteger el patrimonio público. Finalmente, un juez les dio la razón.
¿Qué significa este fallo para los municipios y sus habitantes?
El fallo ordena que Codensa, en un plazo máximo de ocho meses, debe demostrar si realmente es dueña de esa infraestructura (postes, luminarias, cables) que les alquilaba a los municipios. Si no lo demuestra, la empresa tendrá que dejar de cobrar por ese arrendamiento.
Además, la sentencia prohíbe que Codensa quite o suspenda unilateralmente el servicio de alumbrado público o desmonte los equipos, a menos que los municipios ya tengan una alternativa para garantizar el servicio.
Esto representa un alivio para los gobiernos locales, pues les permite recuperar el control de su alumbrado público y revisar los contratos firmados con la empresa. También podrían invertir mejor los recursos que antes destinaban a estos pagos, buscando opciones más económicas, modernas y eficientes.
El juez también ordenó que los municipios realicen un estudio sobre el estado actual del sistema de alumbrado público: qué tanto cubre, qué tan buena es la iluminación y cómo podría mejorar. Esto les permitirá tomar decisiones más informadas y justas en el futuro.
¿Qué municipios se benefician con esta decisión?
Los municipios involucrados en esta decisión judicial son: Cajicá, Carmen de Carupa, Caparrapí, Chía, Chocontá, Cogua, Cucunubá, El Colegio, El Peñón, El Rosal, Gachancipá, Guatavita, Jerusalén, La Mesa, La Palma, La Peña, Lenguazaque, Madrid, Nemocón, San Bernardo, Sesquilé, Sibaté, Simijaca, Sopó, Suesca, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, Topaipí, Villapinzón, Viotá, Yacopí, Zipacón y Zipaquirá.
Según el juez, esta situación se agravó desde 2016, cuando Codensa se fusionó con otras empresas de energía y pasó a tener un dominio casi total sobre este tipo de infraestructura en el departamento. Un año después, la Contraloría advirtió sobre la forma en que se estaban firmando los contratos, lo que consideró un posible detrimento patrimonial.
¿Qué dice Codensa al respecto?
Codensa manifestó que respeta la decisión del juzgado, pero no está de acuerdo con su contenido. Por eso, está evaluando qué acciones legales puede tomar para impugnar el fallo, dentro del marco del debido proceso.
Mientras tanto, la Contraloría celebra este resultado como una victoria jurídica e institucional. “Este fallo protege los derechos colectivos y el patrimonio del Estado. Marca un antes y un después en la defensa del interés público”, aseguró el contralor departamental, Carlos Augusto Wilches Vega.
Es decir, la empresa no solo cobraba por prender la luz, sino también por todo lo que se necesita para que funcione, como si los municipios estuvieran alquilando algo que, por ley, debería ser de su propiedad.
