Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural contra un hombre, señalado por la Fiscalía de haber cometido actos sexuales contra una perra identificada como «Luna» en San Vicente de Chucurí (Santander). El hecho, ocurrido el 30 de agosto, constituye el primer caso judicializado en Colombia por el delito de acceso carnal a animal desde que en agosto pasado entró en vigencia la Ley 2627 de 2026.
Según el ente investigador, presuntamente, el victimario habría retenido al animal en inmediaciones del barrio Campestre y lo habría trasladado hasta su vivienda, donde presuntamente cometió el abuso. La Fiscalía, con el respaldo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó el caso ante un juez de control de garantías, que formalizó los cargos en su contra. El procesado no aceptó su responsabilidad en los hechos.
¿Qué le ocurrió a la perra «Luna»?
De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, tras el presunto ataque el animal presentó sangrado e inflamación en varios órganos, así como alteraciones notorias en su comportamiento. Entre los efectos documentados por las autoridades se registró una disminución de la actividad habitual de la canina, pérdida de apetito y conductas de aislamiento, además de reacciones de huida frente al acercamiento de personas. Los exámenes practicados permitieron establecer que las lesiones derivaron en problemas crónicos de salud e integridad física para el animal.
¿Qué delitos se le imputaron al procesado?
La Fiscalía Seccional Santander formuló dos cargos en contra: Acceso Carnal a Animal, en concurso con lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal. Ambas conductas están contempladas en la legislación colombiana como delitos independientes, y su concurrencia en un mismo hecho agravó la solicitud de medida de aseguramiento presentada por el ente acusador ante el juez de garantías.
¿Qué papel jugó la ley 2627 de 2026 en este proceso?
Este es el primer caso judicializado en el país bajo el amparo de la ley 2627 de 2026, sancionada en agosto de ese año y conocida públicamente como la ley «No más zoofilia». La norma endureció el tratamiento penal de las conductas de abuso sexual contra animales en Colombia, un vacío que hasta entonces limitaba las herramientas de las autoridades para judicializar este tipo de hechos. El caso de San Vicente de Chucurí se convierte así en el primer antecedente de aplicación práctica de la ley desde su entrada en vigencia.
¿Cuál fue la decisión del juez?
Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía, Vélez Cardozo no se allanó a los cargos. Ante ello, el juez de control de garantías determinó que el procesado debe permanecer recluido en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
La investigación continúa en curso para determinar su responsabilidad definitiva en los hechos.
