Gracias a la rápida reacción de algunos habitantes de la vereda San Jorge, en Zipaquirá, se descubrió una operación al parecer irregular de disposición de residuos de demolición y construcción (RCD) en varios predios del sector.
Las denuncias de los vecinos permitieron que las autoridades ambientales llegaran al sitio justo cuando una volqueta realizaba la descarga de materiales como ladrillo, madera, tuberías, cerámica y concreto. Aunque el propietario del predio afirmó desconocer la ilegalidad del procedimiento, se evidenció que la actividad no contaba con los permisos necesarios ni con la trazabilidad adecuada.
“Además del predio intervenido, se identificó otro punto cercano donde el material se estaba acumulando presuntamente para rellenar un cuerpo hídrico, lo cual representa un riesgo ambiental aún mayor”, explicó Olga Liliana Ramírez Mancera, directora de la Regional Sabana Centro.
En medio de la inspección, los responsables de la obra aseguraron haber contratado el transporte de escombros con un tercero, quien habría entregado un certificado de disposición final en un sitio autorizado. Sin embargo, la comunidad entregó información que contradice esa versión, lo que llevó a sospechar que el documento podría haber sido falsificado.
Ante la evidencia, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva inmediata para frenar la actividad, proteger los recursos naturales y evitar daños mayores al suelo y al ecosistema circundante.
Durante la diligencia, el equipo técnico y jurídico de la entidad constató el impacto sobre el terreno y documentó la disposición irregular de los RCD, lo que constituye una violación directa a las normas ambientales vigentes.
La CAR hizo un llamado urgente a contratistas, constructores e interventores para que extremen el control sobre los servicios que contratan y verifiquen la legalidad de los certificados de disposición final.
“No basta con confiar en lo que entrega un proveedor. Hay que verificar en fuentes oficiales que el punto de acopio exista, esté habilitado y cumpla con los requisitos legales”, subrayó Ramírez.
Multas de hasta 5.000 SMMLV y procesos penales podrían recaer sobre los responsables.
Foto portada; Parte de las descargas muy cerca de un cuero de agua, en la Vereda San Jorge de Zipaquirá.
