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En la cárcel presunto fletero por el intento de hurto a dos comerciantes en Zipaquirá

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Cundinamarca, judicializó a Guillermo Sáenz Mora, capturado en flagrancia por efectivos de la Policía Nacional, por su presunta responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado; y hurto calificado y agravado en modalidad de tentativa.

La investigación se relaciona con los hechos ocurridos el pasado 1 de junio, cuando el procesado y otro hombre supuestamente intentaron hurtar $130 millones de pesos a dos comerciantes en Zipaquirá.

Según lo establecido, los fleteros esperaron a que las víctimas salieran de la entidad bancaria con el dinero y las siguieron en una motocicleta. Después, cuando encontraron el momento, abordaron de forma violenta con armas de fuego a los comerciantes para obligarlos a entregar el botín.

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Durante el hecho se produjo un forcejeo en el que resultó herido tanto el hoy procesado como una de las víctimas, quien se recupera en un centro hospitalario.

A este caso fueron aportados elementos probatorios, tales como la plena identificación del capturado, el estudio técnico al arma incautada y la recepción de denuncia y entrevistas a testigos.

En desarrollo de las audiencias concentradas, el Juzgado avaló los argumentos del ente acusador e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de domicilio contra Sáenz Mora.

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El presunto delincuente fue capturado en flagrancia por efectivos de la Policía Nacional.

Foto portada: Imagen referencial para ilustrar la noticia. Foto tomada de Pexels.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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