Por Descubierto el ‘Cartel de los Hospitales’
Luego de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) denunciara la existencia de cobros coactivos ilegales en diversas Empresas Sociales del Estado (ESE) en el país, se descubrió el denominado ‘Cartel de los Hospitales’. Este grupo, compuesto por funcionarios, abogados y jueces, se apropiaba ilegalmente de recursos públicos destinados al sistema de salud.
Según informó el ente de control, desde 2023, tras la expedición de la Circular 02 por parte de la Procuraduría, se trasladaron los casos a la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al operador disciplinario. En estos casos, los representantes legales de las ESE, junto con algunos jueces de la república, habrían ordenado y ejecutado embargos con procedimientos administrativos inadecuados. Estos embargos, además, se aplicaron sobre recursos públicos destinados a la seguridad social en salud, los cuales son inembargables, salvo las excepciones definidas por la Corte Constitucional.
El seguimiento del Ministerio Público permitió el inicio de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía y el grupo anticorrupción de la Dijin, con el apoyo de la Policía Nacional. Esta investigación se centra en los cobros coactivos realizados en contravención de las disposiciones constitucionales y legales.
Adicionalmente, se puso en conocimiento de las autoridades la existencia de un grupo de abogados que, a través de asesorías a los representantes legales de las ESE, se lucraban hasta con el 30% de los recursos parafiscales recaudados de manera ilegal. Estos fondos, que tienen como destino exclusivo el sector salud, no deberían haberse usado con ese fin.
El ente de control también alertó sobre el hecho de que algunos jueces y representantes legales estaban desobedeciendo la ley al iniciar trámites y medidas de embargo. Estos embargos afectaban multimillonarios recursos administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la ADRES, emitiendo providencias o actos administrativos para tal efecto.
Por último, se notificó a la Superintendencia Financiera de Colombia para que instruyera a sus entidades vigiladas sobre la situación. Esta instrucción se formalizó mediante la Circular 052 de 2024.
Se descubrió que jueces y funcionarios autorizaban embargos sobre fondos inembargables, violando la ley.
Foto portada: Imagen de referencia de la PGN
