La Contraloría de Cundinamarca inició un nuevo ciclo de auditorías de cumplimiento a 28 sujetos de control, entre municipios y empresas de servicios públicos, para revisar cómo se están manejando recursos destinados a la protección del agua, el saneamiento básico, la gestión ambiental y la prestación del servicio de acueducto.
Las actuaciones forman parte del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) 2026 y abarcarán diferentes zonas del departamento. Entre los territorios y entidades seleccionados aparecen Tocancipá, Cajicá, Sopó, La Calera, Bojacá, Funza, Madrid y La Mesa, además de municipios de varias provincias de Cundinamarca.
El proceso tendrá tres frentes principales: la revisión de la inversión obligatoria del 1 % destinada a la conservación del recurso hídrico, el seguimiento al cumplimiento de disposiciones relacionadas con la descontaminación del río Bogotá y la verificación de las normas aplicables a la prestación del servicio público de acueducto.
Recursos destinados a proteger fuentes de agua serán revisados
Una de las líneas de trabajo estará enfocada en establecer si los municipios seleccionados han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, relacionadas con la destinación de recursos para adquirir, mantener y proteger áreas estratégicas que abastecen de agua a los acueductos.
La revisión permitirá establecer cómo se han ejecutado esas inversiones y si las actuaciones adelantadas corresponden a los fines ambientales establecidos en la legislación.
En esta línea serán auditados 21 municipios: Beltrán, Bituima, Chaguaní, El Peñón, Fosca, Gachalá, Gachetá, Gama, Gutiérrez, Jerusalén, Junín, Nimaima, Paime, Pasca, San Bernardo, San Cayetano, San Juan de Rioseco, Tibacuy, Tocancipá, Ubalá y Ubaque.
La selección se realizó teniendo en cuenta criterios técnicos y de riesgo fiscal, según la información presentada durante la instalación del proceso auditor.
Cajicá, Sopó, La Calera y empresas de la Sabana serán auditadas por el río Bogotá
Otro componente estará orientado a verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia relacionada con la recuperación y descontaminación del río Bogotá.
Dentro de este grupo se encuentran administraciones municipales y empresas responsables de la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en territorios vinculados con la cuenca.
Las entidades incluidas son:
- Municipio de Bojacá.
- Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza – EMAAF E.S.P.
- Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid E.S.P.
- Empresa de Servicios Públicos de Cajicá – EPC S.A. E.S.P.
- Empresa de Servicios Públicos de La Calera – ESPUCAL E.S.P.
- Empresa de Servicios Públicos de Sopó – EMSERSOPO E.S.P.
- Empresa Regional de Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., con operación en La Mesa.
La evaluación examinará el cumplimiento de las disposiciones que corresponden a cada entidad dentro de las acciones orientadas al saneamiento de la cuenca y al adecuado manejo de los servicios públicos asociados.
Auditorías también revisarán la prestación del servicio de acueducto
La tercera línea del proceso estará relacionada con el cumplimiento de la normativa que regula la prestación del servicio público de acueducto.
La Contraloría evaluará aspectos asociados con la gestión de las entidades responsables, el uso de los recursos públicos y las obligaciones que deben garantizar una prestación adecuada del servicio.
El análisis cobra especial importancia debido a que las decisiones administrativas y financieras relacionadas con los acueductos repercuten directamente en la disponibilidad del agua, las condiciones sanitarias y la atención que reciben las comunidades.
El proceso auditor terminará en diciembre de 2026
Durante la instalación del ciclo fueron presentados los equipos responsables y el cronograma que orientará las actuaciones durante los próximos meses.
El procedimiento contempla las etapas de planeación, ejecución, elaboración del informe preliminar, contradicción, análisis de observaciones, informe definitivo y cierre. De acuerdo con la programación establecida, las auditorías concluirán en diciembre de 2026.
El contralor auxiliar de Cundinamarca, Carlos Guillermo Granados Palacio, señaló que la intención es adelantar una vigilancia técnica y preventiva sobre recursos vinculados con asuntos ambientales y servicios públicos.
“Nuestro compromiso es ejercer una vigilancia rigurosa que permita identificar oportunidades de mejora, prevenir riesgos fiscales y contribuir al fortalecimiento de la gestión pública en beneficio de todos los cundinamarqueses”, afirmó.
Los resultados podrían determinar riesgos fiscales o incumplimientos
Una vez concluya la revisión, los informes permitirán establecer si los recursos examinados fueron administrados conforme a las normas y si fueron utilizados para los propósitos que justificaron su asignación.
Las auditorías también podrán identificar debilidades administrativas, posibles riesgos fiscales, incumplimientos u oportunidades de mejora que requieran acciones por parte de los municipios o de las empresas evaluadas.
El alcance del proceso involucra asuntos directamente relacionados con la vida cotidiana de los habitantes de Cundinamarca: la protección de las fuentes hídricas, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento básico y la recuperación del río Bogotá.
Los resultados definitivos previstos para finales de 2026 permitirán conocer el nivel de cumplimiento de los 28 sujetos de control y las eventuales medidas que deban adoptarse frente a los hallazgos que surjan durante las auditorías.
Empresas de servicios públicos de Cajicá, Sopó, La Calera, Funza, Madrid y La Mesa serán evaluadas por disposiciones vinculadas con la recuperación del río Bogotá.
