Durante el foro “Problemática y retos de la migración en tránsito en Colombia”, celebrado en Quibdó, la Contraloría General de la República encendió las alarmas al presentar los resultados de un estudio intersectorial que evaluó la Política Pública contra el Tráfico de Migrantes en el periodo 2016–2023. Las conclusiones son contundentes: el país enfrenta una crisis migratoria creciente sin una política articulada, eficaz ni con recursos suficientes para contenerla.
Desarticulación y ausencia de recursos: la política que nunca despegó
El informe evidenció una desconexión profunda entre la planeación y la ejecución de las estrategias contra el tráfico de migrantes. Se identificaron vacíos normativos, falta de indicadores de seguimiento, ausencia de metas claras, y una preocupante desapropiación territorial por parte de los gobiernos locales.
Además, el Decreto 1692 de 2016 no incluyó financiación para la implementación de la política pública. Y aunque la Ley 2136 de 2021 estableció la garantía de asignación de recursos, muchas entidades reportaron restricciones operativas severas por falta de presupuesto.
Migración Colombia, por ejemplo, no cuenta con el personal necesario para atender con eficacia el fenómeno migratorio, cuyo crecimiento ha sido exponencial en los últimos años.
Gobierno local, sin reacción ante una amenaza creciente
El estudio —liderado por las delegadas de Gestión Pública y del Sector Justicia— mostró que los municipios más golpeados por la migración no reconocen el tráfico de migrantes como un problema de alto impacto, y, por tanto, no asignan recursos ni adoptan medidas para enfrentarlo.
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Las políticas de EE. UU. cambiaron el sentido del flujo migratorio
Las recientes medidas restrictivas del Gobierno de Estados Unidos —como la eliminación de facilidades para solicitar asilo y las redadas contra migrantes— han modificado radicalmente el mapa migratorio.
Durante los primeros meses de 2025, el flujo irregular hacia el norte cayó en un 62% (de 160.708 a 60.469 personas), pero surgió un nuevo fenómeno: la migración de retorno.
Entre el 15 de enero y el 30 de abril, 7.592 migrantes ingresaron por vía marítima a Capurganá (Chocó) desde Panamá. El 43% son mujeres, niños, niñas y adolescentes, lo que configura una crisis humanitaria silenciosa. Estas personas, que inicialmente aspiraban a ingresar a EE. UU., ahora enfrentan los mismos riesgos de la ruta original: trata de personas, naufragios, desapariciones y redes de tráfico humano.
Más de 1,3 millones de migrantes irregulares en tránsito entre 2012 y 2024
Desde 2015, el tránsito irregular ha venido en aumento, alcanzando su punto más alto en 2023 con 539.959 personas. En total, entre 2012 y 2024, 1.332.315 migrantes fueron detectados en su paso por Colombia hacia Norteamérica.
Los focos más críticos están en Antioquia (67,43% de los casos), seguido de Nariño (29,96%) y Putumayo (1,40%), con municipios como Necoclí y Turbo convertidos en corredores obligados para las rutas migratorias.
Costo fiscal insostenible: más de $2,9 billones y contando
El Modelo Costo Migrantes, desarrollado por la Contraloría a través de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata – DIARI, estimó que 1.179.270 migrantes han recibido apoyo estatal, lo que ha representado un costo de $2,93 billones. Este gasto, en constante aumento, amenaza la sostenibilidad de servicios esenciales como salud y educación.
Además, se detectaron:
- Presión sobre el régimen subsidiado de salud.
- Duplicidad en la entrega de subsidios.
- Fallas en el registro de información.
Todo esto dificulta una gestión eficiente y equitativa del fenómeno migratorio.
Sin control fiscal ni articulación, el sistema colapsará
La Contraloría General de la República instó al Estado colombiano a:
- Fortalecer los sistemas de control y fiscalización.
- Mejorar la planeación del gasto público.
- Focalizar recursos en los territorios más afectados.
Solo mediante una respuesta institucional coordinada, con enfoque humanitario y presupuestal, será posible enfrentar los desafíos que plantea el nuevo mapa migratorio en Colombia y garantizar la protección de miles de vidas en tránsito.
$2,93 billones le ha costado al Estado la atención
a la población migrante.
