La preparación frente a los posibles efectos del Fenómeno de El Niño continúa ganando terreno en varios municipios de la provincia de Rionegro, donde comunidades rurales avanzan en procesos de legalización del uso del agua como parte de una estrategia orientada a garantizar la disponibilidad del recurso y fortalecer la gestión ambiental en el territorio.
En medio de escenarios de variabilidad climática que podrían generar periodos prolongados de sequía, el acceso regulado al recurso hídrico se ha convertido en una prioridad para familias campesinas, productores agropecuarios y habitantes de sectores rurales que dependen directamente de las fuentes de agua para el desarrollo de sus actividades diarias.
Durante 2026 se han gestionado cerca de 90 concesiones de agua en la jurisdicción de la Dirección Regional Rionegro de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, un avance que refleja el interés de las comunidades por regularizar el aprovechamiento del recurso y adoptar mecanismos que contribuyan a su conservación y uso sostenible.
La legalización del agua toma fuerza en las zonas rurales
De acuerdo con la información conocida, 75 de estas concesiones han avanzado mediante procesos administrativos acompañados por equipos técnicos y sociales, quienes brindan asesoría permanente a los usuarios para facilitar la legalización individual y colectiva del recurso hídrico.
Las solicitudes presentadas por los habitantes de la región están orientadas principalmente a garantizar el abastecimiento para uso doméstico, actividades pecuarias y otras labores propias del campo, sectores que dependen directamente de la disponibilidad de agua para su funcionamiento y sostenimiento.
Estos procesos no solo permiten formalizar el acceso al recurso, sino que también facilitan la implementación de medidas de control, seguimiento y protección ambiental que favorecen la conservación de las fuentes hídricas y una distribución más eficiente del agua.
Acompañamiento técnico y social para proteger las fuentes hídricas
El trabajo desarrollado en la región ha integrado acciones de acompañamiento comunitario, asesoría técnica y seguimiento ambiental, permitiendo que los usuarios conozcan los requisitos establecidos por la normatividad vigente y comprendan la importancia de gestionar adecuadamente el recurso hídrico.
La orientación brindada a las comunidades ha sido impulsada mediante herramientas como el Plan de Intervención Socioambiental (PISA) y el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), mecanismos que han facilitado el acercamiento institucional con los habitantes de las zonas rurales y han contribuido a resolver inquietudes relacionadas con los procesos de concesión y legalización del agua.
El propósito es fortalecer una cultura de conservación que permita afrontar con mejores condiciones los desafíos asociados a fenómenos climáticos extremos, especialmente aquellos relacionados con la reducción de lluvias y la disminución de caudales en quebradas, nacederos y demás fuentes abastecedoras.
Uso eficiente del agua y aprovechamiento de aguas lluvias
Como parte de las obligaciones establecidas dentro de las concesiones otorgadas, los beneficiarios deben implementar acciones encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua.
Entre las medidas promovidas se encuentran la reducción de desperdicios, la optimización del consumo en actividades domésticas y productivas, así como la adopción de prácticas sostenibles como el almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias, alternativas que contribuyen a disminuir la presión sobre las fuentes naturales.
Estas acciones cobran especial relevancia en temporadas de bajas precipitaciones, cuando la disponibilidad del recurso puede verse afectada y las comunidades requieren mecanismos adicionales para garantizar el abastecimiento.
Seguimiento ambiental para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a través de la Dirección Regional Rionegro, mantiene labores permanentes de seguimiento y control a los usuarios que cuentan con concesiones legalizadas.
Estas actividades incluyen la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales, la revisión de las medidas de compensación establecidas y el acompañamiento a los beneficiarios para promover una gestión integral del recurso hídrico en el territorio.
La entidad reiteró la invitación a las comunidades rurales para adelantar los procesos de legalización del uso del agua y fortalecer las prácticas responsables relacionadas con su aprovechamiento, resaltando la importancia de proteger las fuentes hídricas y garantizar su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.
En un contexto marcado por los desafíos del cambio climático y la creciente presión sobre los recursos naturales, la regularización del uso del agua se consolida como una herramienta fundamental para fortalecer la sostenibilidad ambiental, prevenir conflictos por el acceso al recurso y mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades frente a eventuales periodos de sequía.
La estrategia fortalece la capacidad de respuesta de las comunidades frente a escenarios de
sequía y variabilidad climática.
