La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) reveló, durante un foro realizado en Bogotá este 22 de julio de 2026, que 28 municipios de su jurisdicción presentan procesos de ocupación del suelo rural que comienzan a superar su capacidad de carga ambiental. El hallazgo hace parte de una nueva metodología técnica, elaborada junto con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo propósito es actualizar las determinantes ambientales que rigen el desarrollo urbanístico en suelo rural suburbano.
El anuncio se dio en un encuentro que reunió a secretarios de planeación, concejales, entidades nacionales, academia y gremios, con el fin de socializar los criterios técnicos que deberán tenerse en cuenta al momento de revisar los planes de ordenamiento territorial. La CAR precisó que la herramienta no busca frenar el desarrollo municipal, sino ofrecer parámetros científicos para orientar decisiones sobre densidades y umbrales de suburbanización.
¿Qué significa que un municipio supere su capacidad de carga ambiental?
De acuerdo con los estudios técnicos presentados por la Corporación, la capacidad de carga ambiental hace referencia al límite hasta el cual un territorio puede absorber actividades humanas (como la construcción de vivienda campestre o la expansión urbana) sin comprometer de manera irreversible sus recursos naturales. En los 28 municipios identificados, este umbral ya se encuentra en riesgo debido al avance de la ocupación rural, lo que afecta directamente la disponibilidad de agua, la conservación de ecosistemas estratégicos y la vocación agrícola de los suelos.
¿Qué otros factores tuvo en cuenta la CAR para llegar a esta conclusión?
La metodología no se limita a medir la ocupación del suelo. Incorpora variables como la vulnerabilidad hídrica, la presión sobre los ecosistemas, la fragmentación ecológica y los riesgos asociados al cambio climático. Estos indicadores se cruzan para obtener un diagnóstico particular de cada municipio, lo que permite diferenciar, por ejemplo, entre los territorios con mayor estrés hídrico y aquellos donde el problema principal es la pérdida de conectividad ecológica por la fragmentación del paisaje.
¿Qué consecuencias tiene esta clasificación para los municipios afectados?
Según explicó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, la clasificación no elimina la autonomía municipal para definir su modelo de ocupación territorial. Sin embargo, sí implica que los 28 municipios señalados deberán ajustar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) incorporando densidades más restrictivas y umbrales de suburbanización acordes con su condición ambiental actual.
La Corporación indicó que este ajuste se dará en el marco de los procesos de concertación ambiental que ya contempla la normativa vigente.
¿Este límite es definitivo o puede cambiar con el tiempo?
La CAR señaló que la clasificación no es estática. Los indicadores que determinan si un municipio supera o no su capacidad de carga ambiental podrán modificarse en la medida en que las administraciones locales fortalezcan la protección de los ecosistemas, mejoren la gestión del recurso hídrico o impulsen procesos de restauración ecológica. Es decir, un municipio incluido hoy en el listado de los 28 podría salir de esa clasificación si logra revertir las condiciones que generaron la alerta, o bien mantenerse e incluso agravarse si la presión sobre el territorio continúa sin control.
28 municipios de su jurisdicción presentan procesos de ocupación del suelo rural que comienzan a superar
su capacidad de carga ambiental.
