La Procuraduría General de la Nación (PGN) formuló un pliego de cargos contra Eduardo Espinosa Palacios, exgerente del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial (IDUVI) de Chía, Cundinamarca, por la presunta celebración de un contrato con Jorge Enrique Díaz Varela, quien estaba sancionado con destitución e inhabilidad general por 12 años.
Por los mismos hechos, la Provincial de Instrucción de Zipaquirá incluyó en el proceso a Diana Carolina Baracaldo Rodríguez, exjefe de la Oficina Jurídica y de Contratación, señalando que ella también habría pasado por alto los antecedentes disciplinarios del contratista.
El ente de control señaló que ambos funcionarios habrían ignorado la inhabilidad de Díaz Varela, a pesar de haber recibido, como parte de la documentación previa a la firma del contrato, el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría que advertía de la sanción impuesta por la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Al omitir esta información, se habría infringido el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido por la ley.
El Ministerio Público indicó que, de confirmarse la conducta de Espinosa Palacios, se habría vulnerado el principio de moralidad, calificando provisionalmente la actuación como una falta gravísima a título de culpa grave. En el caso de Baracaldo Rodríguez, se considera que su conducta podría haber afectado los principios de moralidad y eficacia, por lo que se calificó temporalmente como una falta gravísima atribuida a título de culpa gravísima.
Las conductas fueron provisionalmente calificadas como faltas gravísimas.
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