By Redacción
Por presuntamente haber sido compradas con dinero producto de las irregularidades del contrato del interconector Tunjuelo – Canoas, que pretendía apoyar las actividades de descontaminación del río Bogotá, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión a siete predios.
Se trata de cinco inmuebles rurales y dos urbanos ubicados en Chía y Ricaurte (Cundinamarca), y Hato Corozal y San Luis de Palenque (Casanare), avaluados preliminarmente en más de 40.000 millones de pesos.
Según el ente acusador, las propiedades serían del constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, quien presuntamente se apropió de más de 48.620 millones de pesos, correspondientes al 20 % del adelanto entregado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la realización de la obra civil.
Adicionalmente, a los investigadores les llamó la atención un predio en Casanare, que tiene más de 5.000 hectáreas, así como lujosas construcciones en Chía en la Sabana de Bogotá. Luego de los procedimientos de embargo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes afectados.
El ente acusador recordó que esta es la segunda ocupación que se realiza por las anomalías identificadas en el contrato de Tunjuelo – Canoas, que es uno de los contratos investigados por el escándalo conocido como el “carrusel de la contratación”.
En una primera fase, en 2021, fueron ocupados 77 bienes avaluados en 27.044 millones de pesos, que están ubicados en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cajicá, Girardot, Tabio (Cundinamarca) y Orocué (Casanare). En esas propiedades sobresale una finca de 3.000 hectáreas y un condominio campestre.
