Los propietarios de viviendas y otras edificaciones antiguas en Bogotá podrían recibir descuentos en el impuesto predial si invierten en reforzar estructuralmente sus inmuebles para reducir su vulnerabilidad ante un sismo. Sin embargo, el beneficio todavía no existe: hace parte de un Proyecto de Acuerdo que deberá ser discutido y aprobado por el Concejo de Bogotá.
La iniciativa fue presentada por el concejal Julián Uscátegui Pastrana y contempla dos incentivos tributarios para propietarios que adelanten obras de reforzamiento estructural. La información sobre la propuesta fue publicada oficialmente por el Concejo de Bogotá el lunes 24 de agosto de 2026.
El primero de los beneficios sería una exención del 100 % del impuesto de delineación urbana para quienes tramiten una licencia de construcción específicamente en la modalidad de reforzamiento estructural.
El segundo consistiría en un descuento en el impuesto predial unificado durante diez años, una vez se acredite que las obras fueron terminadas. Según la información divulgada por el Concejo, la reducción sería del 70 % durante los primeros cinco años y posteriormente disminuiría de forma progresiva hasta llegar al 5 % en el décimo año.
Esto significa, por ejemplo, que, si un inmueble llegara a cumplir todos los requisitos establecidos en una eventual norma, su propietario no recibiría dinero directamente del Distrito, sino que pagaría un porcentaje menor del impuesto predial durante el periodo contemplado.
¿Qué es el impuesto de delineación urbana?
Aunque su nombre puede resultar poco conocido para muchos ciudadanos, el impuesto de delineación urbana está relacionado con la ejecución de determinadas obras que cuentan con licencia de construcción en Bogotá.
La información oficial del Distrito señala que este tributo se genera en obras como construcción nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición y cerramiento, entre otras modalidades contempladas por las normas urbanísticas.
Por esta razón, la propuesta busca disminuir parte de la carga tributaria asociada precisamente a quienes decidan intervenir una edificación para mejorar su comportamiento estructural frente a un terremoto.
La propuesta se concentra en edificaciones anteriores a la NSR-10
La iniciativa está dirigida a edificaciones construidas antes de 2010, tomando como referencia la entrada en vigencia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10.
El Decreto Nacional 926 de 2010 adoptó ese reglamento y estableció su aplicación en todo el territorio colombiano a partir del 15 de julio de 2010.
Esto no significa que todas las edificaciones anteriores a esa fecha hayan sido construidas sin normas de sismorresistencia, pues Colombia contó con reglamentaciones anteriores. Lo que ocurre es que no fueron diseñadas bajo los requisitos específicos de la NSR-10, que actualizó los criterios técnicos y científicos aplicables a las construcciones sismorresistentes.
De acuerdo con lo informado sobre el proyecto, para solicitar los beneficios sería necesario contar con un concepto técnico de vulnerabilidad sísmica y una memoria de reforzamiento, suscritos por un ingeniero civil matriculado.
El planteamiento también establece una prioridad para inmuebles ubicados en sectores catalogados con mayor amenaza sísmica de acuerdo con la microzonificación de Bogotá, así como para predios residenciales pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.
El reciente sismo volvió a abrir la discusión
La propuesta aparece dos semanas después del fuerte sismo registrado en Colombia el 10 de agosto de 2026.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que ese movimiento tuvo magnitud 7,4, una profundidad de 103 kilómetros y epicentro en San José del Palmar, Chocó. El organismo lo identificó como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI.
El evento fue sentido ampliamente en diferentes regiones del país y volvió a generar preguntas sobre las condiciones de las edificaciones, la prevención y las medidas que pueden adoptarse para disminuir el riesgo antes de que ocurra un nuevo movimiento fuerte.
Es precisamente dentro de esa discusión que se plantea el incentivo tributario: reducir parte de los costos que enfrenta un propietario cuando decide realizar una intervención estructural especializada.
Reforzar un inmueble no consiste simplemente en hacer reparaciones
Un reforzamiento estructural no debe confundirse con arreglar grietas, cambiar acabados o realizar una remodelación convencional.
Este tipo de intervención parte de una evaluación técnica de la edificación y puede requerir modificaciones en elementos encargados de soportar y transmitir las cargas de la construcción, dependiendo de las condiciones particulares del inmueble.
Por esa razón, la propuesta exige documentación técnica elaborada por un profesional competente antes de permitir el acceso a los beneficios tributarios.
Los descuentos todavía no se pueden solicitar
Uno de los aspectos centrales para los propietarios interesados es que la propuesta no significa que actualmente exista un descuento del 70 % en el impuesto predial por reforzar una vivienda.
Lo presentado por Uscátegui Pastrana es un Proyecto de Acuerdo y, por tanto, deberá surtir el procedimiento correspondiente en el Concejo de Bogotá. Solo si la iniciativa es aprobada y posteriormente entra en vigencia podrán establecerse de manera definitiva los requisitos, procedimientos y controles para acceder a los incentivos.
Por ahora, entonces, ningún propietario debe asumir que realizar una obra de reforzamiento le otorga automáticamente la exención del impuesto de delineación urbana o la reducción del predial.
La discusión que comienza en Bogotá plantea, en el fondo, una fórmula para intentar resolver uno de los principales obstáculos de este tipo de intervenciones: el costo que debe asumir el propietario para mejorar la seguridad estructural de una edificación existente.
Si el proyecto avanza, será el trámite en el Concejo el que determine cuáles de los beneficios propuestos quedan finalmente incorporados, quiénes podrán solicitarlos y bajo qué condiciones.
Los beneficios todavía no están vigentes: el Proyecto de Acuerdo deberá ser discutido y aprobado por el Concejo de Bogotá.
