La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra la Corrupción, llevó a juicio a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS, señalados de integrar un esquema que habría alterado de forma deliberada los estados financieros de la entidad entre 2019 y 2022, con el fin de ocultar su real situación económica ante los órganos de control y las autoridades de supervisión del sistema de salud.
Según el ente acusador, las maniobras investigadas habrían tenido un impacto directo en la transparencia financiera de una de las EPS con mayor número de afiliados en el país, al distorsionar información sensible sobre reservas técnicas, costos operativos, ingresos, patrimonio y resultados contables.
Quiénes son los exdirectivos procesados
La acusación formal recae sobre José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente Administrativo y Financiero; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de Contabilidad; y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de Cuentas Médicas.
De acuerdo con la Fiscalía, cada uno habría tenido una participación específica dentro del engranaje administrativo y financiero que permitió sostener, durante varios años, una imagen que no correspondía con el verdadero estado de las finanzas de la entidad.
Más de tres millones de facturas ocultas a las IPS
El núcleo de la investigación se centra en la identificación de 3.419.015 facturas asociadas a deudas con diferentes Institutos Prestadores de Salud (IPS), las cuales habrían sido ocultadas y dejadas fuera de los procesos contables regulares. Esta omisión, según la acusación, impidió que dichas obligaciones se reflejaran en los estados financieros oficiales.
Como resultado, la junta directiva habría recibido reportes que no evidenciaban la magnitud real de los compromisos financieros, afectando la toma de decisiones internas y la evaluación del riesgo económico de la EPS.
Utilidades reportadas y pérdidas sostenidas
La Fiscalía sostiene que, pese a que la entidad acumulaba pérdidas de manera reiterada en sus balances anuales, los exdirectivos reportaron utilidades por 70.563 millones de pesos, cifra que no correspondía con la realidad financiera de la EPS.
Este reporte habría sido utilizado para cubrir obligaciones pendientes y sostener la viabilidad formal de la entidad, mientras se profundizaba el deterioro de sus cuentas, especialmente frente a los pagos adeudados a clínicas, hospitales y demás prestadores del sistema de salud.
Información enviada a la Superintendencia de Salud
Otro de los elementos centrales del caso es la remisión de información financiera adulterada a la Superintendencia Nacional de Salud. Según el ente investigador, el objetivo habría sido evitar una intervención administrativa y obtener la renovación de la licencia de funcionamiento, sin que se advirtiera el verdadero nivel de riesgo financiero que enfrentaba la EPS.
Para la Fiscalía, esta conducta no solo afectó los mecanismos de control estatal, sino que comprometió la correcta vigilancia de los recursos públicos destinados a la atención en salud.
Los delitos imputados y el avance del proceso
Por estos hechos, los cuatro exfuncionarios deberán responder en juicio oral por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. De manera adicional, a José Fernando Cardona Uribe se le imputó el delito de peculado por apropiación, dada su condición de directivo y su presunta responsabilidad directa en el manejo de los recursos.
La audiencia preparatoria del juicio fue programada para el próximo 23 de febrero, a partir de la cual se definirán las pruebas que serán debatidas en estrados judiciales y se avanzará en la determinación de la responsabilidad individual de cada acusado.
Un caso que reabre el debate sobre control y transparencia en el sistema de salud
Este proceso judicial vuelve a poner en el centro del debate público la gestión financiera de las EPS, los mecanismos de control sobre los recursos de la salud y la responsabilidad de los altos directivos en la administración de fondos que impactan de manera directa la atención de millones de usuarios en el país.
Mientras avanza el juicio, las autoridades reiteran que el esclarecimiento de estos hechos resulta determinante para fortalecer la vigilancia institucional y prevenir prácticas que afecten la sostenibilidad del sistema de salud y la confianza ciudadana.
Más de 3,4 millones de facturas a IPS habrían sido ocultadas y excluidas de los procesos contables.
