La protección del agua que abastece a Zipaquirá, Cogua, Guatavita, Guasca, Sesquilé, Tausa, Villapinzón Y Bogotá, recibirá un importante respaldo económico internacional. Una donación superior a los $145.000 millones, aprobada por el Fondo Verde para el Clima (GCF), permitirá desarrollar acciones de conservación ambiental, recuperación de ecosistemas y fortalecimiento de acueductos rurales en Bogotá y Cundinamarca.
La inversión forma parte del proyecto Construyendo Resiliencia Hídrica en Bogotá y la Región, que contará con una financiación total cercana a $244.000 millones, incluidos los aportes del Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y otros aliados públicos y privados.
La iniciativa se ejecutará entre 2027 y 2032, con intervenciones orientadas a proteger las fuentes naturales de abastecimiento, reducir la vulnerabilidad frente a las sequías y mejorar la capacidad de respuesta ante las lluvias intensas.
Su aprobación cobra especial importancia después de las dificultades de abastecimiento que enfrentó Bogotá durante 2024 y 2025, cuando la disminución de las reservas de agua obligó a implementar medidas de racionamiento.
Zipaquirá, Cogua y otros municipios tendrán beneficios para sus fuentes de agua
Uno de los componentes centrales del proyecto será la conservación y restauración de aproximadamente 6.800 hectáreas de páramos y bosques altoandinos, ecosistemas fundamentales para regular el ciclo del agua.
Las intervenciones comprenderán territorios relacionados con los páramos de Guerrero, Guacheneque, Chingaza y Sumapaz, además de la cuenca alta del río Tunjuelo y otras fuentes hídricas de la región.
Estos ecosistemas contribuyen al abastecimiento de los embalses de los sistemas Norte y Sur de Bogotá y de las bocatomas de 40 acueductos comunitarios y veredales, entre los cuales se encuentran sistemas de siete municipios cundinamarqueses, incluidos Zipaquirá y Cogua.
El fortalecimiento de estos acueductos contemplará, según las necesidades identificadas, mejoras en los sistemas de medición, reducción de pérdidas, tratamiento y control de calidad del agua, así como capacitación para sus operadores.
Familias campesinas recibirán incentivos por conservar páramos y bosques
La iniciativa reconoce la participación de las comunidades rurales en la protección de los ecosistemas donde nacen las fuentes de abastecimiento.
Para 2032 se proyecta conservar cerca de 4.800 hectáreas mediante acuerdos con al menos 650 familias campesinas y propietarios rurales, quienes podrán recibir incentivos económicos a través de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales.
También se contempla la restauración de más de 2.000 hectáreas de páramo y bosque altoandino, mediante acciones dirigidas a recuperar la vegetación nativa y los suelos degradados.
Estas intervenciones buscan mejorar la capacidad natural de los ecosistemas para almacenar agua durante las temporadas lluviosas y liberarla progresivamente hacia quebradas, ríos y embalses.
Adicionalmente, más de 1.200 familias de pequeños productores recibirán acompañamiento para incorporar prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles en aproximadamente 2.400 hectáreas. El proyecto también apoyará a 30 asociaciones rurales para fortalecer la comercialización de sus productos.
Doce microcuencas concentrarán las intervenciones ambientales
Las actividades se desarrollarán principalmente en 12 microcuencas distribuidas en cuatro zonas estratégicas: Tunjuelo, Guandoque, Villapinzón y Tominé.
En estos territorios se promoverá la recuperación de áreas deterioradas, la conservación de coberturas vegetales y la adopción de prácticas productivas que reduzcan la presión sobre los recursos naturales.
La intervención también busca mejorar la gestión ambiental de más de 26.000 hectáreas, una superficie que comprende acciones de conservación, restauración y manejo sostenible.
Kristin Lang, directora del Fondo Verde para el Clima para América Latina y el Caribe, señaló que la financiación contribuirá a fortalecer la seguridad hídrica mediante inversiones en los ecosistemas altoandinos que regulan el abastecimiento regional.
La representante destacó que el proyecto permitirá desarrollar un modelo de gestión de largo plazo para mejorar la capacidad de adaptación de las cuencas hidrográficas frente al cambio climático.
Bogotá y Cundinamarca ampliarán las áreas protegidas para garantizar el abastecimiento
Como parte de las acciones que ya se adelantan en la región, la Administración Distrital de Bogotá ha vinculado 6.008 hectáreas a acuerdos de conservación con 185 familias campesinas y propietarios rurales.
Estas actividades se desarrollan en sectores rurales de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Chapinero, así como en los municipios cundinamarqueses de Fómeque, La Calera, Guasca, Guatavita y Sesquilé.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó la participación de las comunidades rurales en la protección de las fuentes de abastecimiento y anunció que la meta es alcanzar 12.000 hectáreas bajo acuerdos de conservación al finalizar 2027.
Para contribuir a este propósito, la Secretaría Distrital de Ambiente financiará 3.500 hectáreas adicionales de conservación y la restauración de hasta 600 hectáreas de páramos y bosques altoandinos.
Estas inversiones forman parte de los aportes locales que complementarán los recursos internacionales aprobados.
¿Por qué esta inversión es importante para Zipaquirá y Sabana Centro?
La disponibilidad de agua en los municipios de Sabana Centro depende, en parte, de la conservación de los ecosistemas de montaña y de la adecuada gestión de las cuencas que alimentan sus sistemas de abastecimiento.
Por esta razón, las inversiones anunciadas representan una oportunidad para fortalecer la protección ambiental en territorios como Zipaquirá, Cogua, Guasca, Guatavita y Sesquilé, donde las actividades rurales, los ecosistemas naturales y las fuentes hídricas mantienen una estrecha relación.
Aunque los beneficios regionales están contemplados en el proyecto, todavía será necesario conocer la distribución específica de los recursos, las áreas que serán intervenidas en cada municipio y los acueductos que recibirán apoyo directo.
La ejecución, prevista hasta 2032, permitirá avanzar en una estrategia que combina conservación ambiental, participación campesina y mejoramiento de infraestructura para proteger el agua desde sus fuentes naturales.
Zipaquirá, Cogua, Guatavita, Guasca, Sesquilé, Tausa y Villapinzón figuran entre los municipios beneficiados.
