Seis minas de carbón fueron suspendidas de manera inmediata en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca, tras una serie de inspecciones que dejaron al descubierto presuntas irregularidades en su funcionamiento, afectaciones a ecosistemas altoandinos y riesgos asociados a la estabilidad de los terrenos donde se desarrollaban las explotaciones.
Los operativos se concentraron en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, en la provincia de Ubaté, donde los equipos técnicos encontraron socavones que operaban sin los instrumentos ambientales exigidos por la normativa, además de intervenciones en áreas que no contaban con los correspondientes títulos mineros.
Entre las irregularidades identificadas figuran la ausencia de licencias ambientales, planes de manejo, concesiones de agua y permisos de vertimiento. Las inspecciones también permitieron documentar daños en el suelo, la vegetación nativa y las fuentes hídricas que forman parte del sistema ambiental de la cuenca del río Alto Suárez y la subcuenca de la laguna de Cucunubá.
Residuos de minería, combustibles y deterioro del suelo
Uno de los hallazgos más preocupantes fue la remoción de cobertura vegetal y de la capa fértil del terreno, acompañada de la acumulación inadecuada de materiales sobrantes de la extracción de carbón sobre potreros, laderas y sectores con vegetación nativa.
Estas intervenciones alteran las condiciones naturales del suelo y pueden favorecer procesos de erosión, hundimientos y deslizamientos, especialmente en terrenos intervenidos por actividades subterráneas.
Durante los recorridos también se encontraron aceites usados, combustibles y lubricantes depositados directamente sobre el terreno, principalmente en áreas de transporte de materiales y casetas operativas que carecían de superficies impermeabilizadas y mecanismos para contener posibles derrames.
A estas condiciones se sumó la presencia de chatarra y otros residuos sólidos almacenados sin las medidas adecuadas de manejo ambiental.
Quebradas de Cucunubá, expuestas al arrastre de sedimentos mineros
Las afectaciones también alcanzaron el recurso hídrico. Según los resultados de las inspecciones, las explotaciones carecían de infraestructura suficiente para conducir y tratar las aguas de escorrentía, como canales, cunetas y estructuras de sedimentación.
Esta situación facilitaba el arrastre de partículas y materiales provenientes de los patios de almacenamiento de carbón hacia cuerpos de agua y sus zonas de protección, entre ellos las quebradas Palacios, Pueblo Viejo y Media Luna.
Adicionalmente, se identificaron vertimientos relacionados con las operaciones mineras y el aprovechamiento de aguas de bombeo en procesos de coquización sin la respectiva concesión.
Las intervenciones también ocasionaron la pérdida de vegetación nativa y la fragmentación de sectores de bosque húmedo montano bajo, debido a la apertura de socavones, explanaciones y disposición de materiales extraídos.
Socavones abandonados y posibles derrumbes agravan la situación
Más allá del deterioro ambiental, las inspecciones revelaron condiciones que podrían representar un peligro para quienes habitan o desarrollan actividades cerca de las zonas intervenidas.
Los funcionarios encontraron socavones con procedimientos de explotación técnicamente inadecuados y minas abandonadas que presentaban señales de deterioro y posibles derrumbes.
También identificaron la extracción clandestina de estructuras rocosas que cumplen funciones de protección y soporte natural del terreno. Esta práctica puede debilitar la estabilidad del macizo rocoso y aumentar la posibilidad de movimientos del suelo.
Los hallazgos plantean preocupaciones tanto por la conservación de los ecosistemas como por la seguridad de las comunidades asentadas en las áreas de influencia minera.
Ordenan suspensión inmediata e inician procesos sancionatorios
Tras documentar estas situaciones, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a través de su Dirección Regional Ubaté, dispuso la suspensión de las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los seis frentes mineros intervenidos.
El director regional, Julio César Sierra León, explicó que, además de detener las operaciones, se iniciaron actuaciones administrativas para establecer las responsabilidades correspondientes.
“Ordenamos la suspensión inmediata de las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos e iniciamos los correspondientes procesos sancionatorios ambientales contra los infractores y los aplicaremos a demás terceros que resulten responsables, conforme a la normatividad vigente”, afirmó el funcionario.
Las investigaciones deberán determinar las responsabilidades por las afectaciones identificadas y las eventuales sanciones previstas en la legislación ambiental colombiana.
La situación registrada en Cucunubá pone de manifiesto las consecuencias de desarrollar actividades extractivas sin los controles exigidos, particularmente en territorios donde los ecosistemas de montaña, las fuentes de agua y la estabilidad de los suelos requieren medidas especiales de protección.
La suspensión de las seis minas busca impedir que continúen las intervenciones mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes.
Infraestructura de una explotación de carbón en Cucunubá, Cundinamarca. Las autoridades ambientales ordenaron suspender seis minas tras identificar irregularidades en su operación, afectaciones a los recursos naturales y posibles riesgos para las comunidades cercanas. Foto: CAR Cundinamarca.
La suspensión minera también busca proteger a las comunidades cercanas ante posibles riesgos.
