La protección de los animales en Colombia podría tener nuevas herramientas legales para prevenir retrocesos normativos, fortalecer las responsabilidades frente al maltrato y establecer medidas de resocialización para quienes sean condenados por delitos contra animales.
La propuesta hace parte del Proyecto de Ley 001 de 2026 Senado, conocido como “Ley Ángel 2.0”, presentado ante el Congreso de la República y que tiene entre sus autoras a la senadora Andrea Padilla Villarraga, de Alianza Verde. La iniciativa fue radicada el 20 de julio de 2026 y deberá superar las diferentes etapas del trámite legislativo antes de convertirse eventualmente en ley.
Uno de sus principales propósitos es incorporar expresamente el principio de no regresividad en materia de protección animal, mediante el cual se busca impedir que futuras normas reduzcan los niveles de protección jurídica que los animales hayan alcanzado dentro del ordenamiento colombiano.
La propuesta también contempla medidas orientadas a reforzar la responsabilidad de quienes tienen animales bajo su cuidado y a prevenir la repetición de conductas de violencia, abandono o crueldad.
¿Qué busca cambiar la Ley Ángel 2.0 en Colombia?
El proyecto pretende ampliar las herramientas actualmente disponibles para enfrentar diferentes modalidades de maltrato animal y fortalecer los deberes de quienes tienen relación directa con su cuidado, crianza o comercialización.
La iniciativa parte del desarrollo normativo que Colombia ha construido durante los últimos años, entre ellos la Ley 1774 de 2016, que reconoció a los animales como seres sintientes y estableció consecuencias frente a determinadas conductas consideradas maltrato.
La nueva propuesta busca dar un paso adicional al establecer que los niveles de protección alcanzados no puedan ser reducidos mediante decisiones posteriores.
De aprobarse el articulado en ese sentido, el principio de no regresividad serviría para orientar futuras actuaciones legislativas y administrativas relacionadas con la protección animal.
Personas condenadas por maltrato animal tendrían medidas de resocialización
La denominada “Ley Ángel 2.0” no se concentra únicamente en las consecuencias sancionatorias. Uno de sus componentes contempla medidas dirigidas a la resocialización de personas condenadas por delitos contra los animales.
El planteamiento busca complementar las sanciones correspondientes con procesos pedagógicos destinados a prevenir nuevas conductas de violencia y disminuir el riesgo de reincidencia.
La iniciativa parte de la premisa de que la respuesta frente al maltrato animal debe incorporar herramientas de prevención, educación y transformación de comportamientos, además de la intervención penal cuando las circunstancias así lo determinen.
La senadora Padilla Villarraga ha señalado que uno de los objetivos de la propuesta es fortalecer la respuesta institucional frente a estas conductas y garantizar que las medidas de protección alcanzadas por los animales no puedan ser disminuidas posteriormente.
Municipios tendrían mayores responsabilidades frente al bienestar animal
El proyecto también contempla disposiciones relacionadas con la actuación de las entidades territoriales y la atención de animales en condición de vulnerabilidad.
Entre los asuntos incluidos se encuentran mecanismos para promover la adopción responsable y fortalecer las capacidades destinadas al rescate, atención, recuperación y bienestar animal en los municipios.
El planteamiento establece una responsabilidad compartida entre las autoridades, las entidades territoriales y la ciudadanía, con énfasis en la prevención del maltrato y en la capacidad institucional necesaria para atender casos de abandono o violencia.
Padilla Villarraga ha defendido que la protección animal no puede limitarse a los procesos judiciales posteriores a una agresión y que también requiere políticas de prevención, educación y recursos suficientes para atender a los animales que necesiten protección.
La Ley Ángel 2.0 todavía no está vigente
Aunque la iniciativa plantea modificaciones importantes en materia de protección animal, sus disposiciones aún no forman parte de la legislación vigente.
El Proyecto de Ley 001 de 2026 Senado apenas se encuentra en trámite en el Congreso y deberá superar los debates correspondientes en Senado y Cámara antes de una eventual conciliación, aprobación definitiva y sanción presidencial.
Durante ese proceso, el articulado podrá sufrir modificaciones, incorporar nuevas disposiciones o retirar algunas de las propuestas incluidas inicialmente.
Por esta razón, las medidas relacionadas con resocialización, nuevas obligaciones y el principio de no regresividad deben entenderse por ahora como parte de una iniciativa legislativa y no como normas que ya puedan ser aplicadas por las autoridades.
Si el proyecto supera el trámite previsto por la Constitución y la ley, Colombia ampliaría su marco de protección animal con disposiciones dirigidas a prevenir retrocesos, reforzar las responsabilidades frente al maltrato y establecer mecanismos adicionales para reducir la repetición de estas conductas.
Los municipios tendrían mayores responsabilidades en prevención del maltrato, rescate, atención y bienestar animal.
