Human Rights Watch (HRW) presentó ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un informe que advierte sobre la dimensión que ha alcanzado la vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados y estructuras criminales en Colombia.
Según la organización, al menos 1.500 menores de edad han sido reclutados desde 2021, mientras Cauca concentra la mayor cantidad de registros conocidos, con 850 casos entre enero de 2021 y marzo de 2026.
El documento también alerta sobre nuevas formas de captación, particularmente mediante redes sociales, y sobre las condiciones sociales y económicas que aumentan la vulnerabilidad de la población infantil en distintas regiones del país.
Cauca reúne más de la mitad de los casos registrados
Las cifras analizadas por HRW muestran una marcada concentración territorial. Después de Cauca aparecen Norte de Santander, con 104 casos; Antioquia, con 98; Nariño, con 57; Valle del Cauca, con 50; Caquetá y Putumayo, con 45 cada uno; Arauca, con 44, y Chocó, con 42.
La afectación sobre comunidades indígenas resulta especialmente preocupante. Cerca de la mitad de los casos documentados corresponde a menores pertenecientes a pueblos indígenas, pese a que este grupo poblacional representa una proporción considerablemente menor dentro del total de habitantes del país.
Asimismo, más del 30 % de las víctimas registradas tenían entre 10 y 14 años, una franja de edad que evidencia el nivel de exposición de niños en etapas tempranas de desarrollo.
Redes sociales se convierten en una nueva puerta de entrada
El informe dedica especial atención al uso de plataformas digitales para establecer contacto con menores.
De acuerdo con cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citadas por HRW, el 44 % de los niños, niñas y adolescentes reclutados durante 2025 habría sido contactado por redes sociales.
Los mecanismos identificados incluyen publicaciones relacionadas con armas, dinero, uniformes, supuestas oportunidades laborales y contenidos que presentan de manera atractiva la pertenencia a estructuras armadas.
En algunos casos, el acercamiento inicial comienza mediante plataformas abiertas y posteriormente continúa a través de servicios de mensajería privada.
HRW también documentó testimonios según los cuales intermediarios civiles pueden recibir hasta US$1.000 por cada menor captado, particularmente en zonas donde diferentes grupos buscan ampliar su presencia.
Pobreza, hambre y deserción escolar aumentan la vulnerabilidad
Durante la presentación del informe, varios congresistas señalaron que la respuesta estatal no puede limitarse exclusivamente a operativos de seguridad.
La representante Martha Ruiz Solera destacó la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en los procesos de atención y reintegración social, especialmente mediante acompañamiento psicológico a quienes logran salir de estas estructuras.
Por su parte, el representante Daniel Mauricio Monroy Hernández planteó que la prevención debe incluir acciones frente al hambre, la pobreza y la deserción escolar, factores que pueden facilitar que niños y adolescentes sean atraídos mediante ofertas económicas o falsas promesas de estabilidad.
El informe coincide en que la falta de oportunidades, la violencia intrafamiliar, las dificultades de acceso a educación y la débil presencia institucional crean escenarios aprovechados por organizaciones armadas para acercarse a menores.
Colombia sigue sin contar con un registro único
Uno de los principales cuestionamientos planteados por HRW está relacionado con la ausencia de una base de datos nacional consolidada.
Juanita María Goebertus Estrada, directora para las Américas de la organización, advirtió que actualmente no existe un registro único que permita establecer con exactitud cuántos niños y adolescentes han sido reclutados o utilizados por grupos armados y estructuras criminales.
Las distintas entidades manejan cifras y metodologías diferentes, situación que dificulta dimensionar plenamente el fenómeno y abre la posibilidad de un subregistro.
Además, numerosos casos solo llegan a conocimiento de las autoridades después de que las víctimas consiguen abandonar los grupos o cuando sus familias logran denunciar lo ocurrido.
HRW pide mayores responsabilidades para las plataformas digitales
La organización también planteó la necesidad de establecer obligaciones más claras para las empresas responsables de redes sociales.
Goebertus sostuvo ante el Congreso que la autorregulación de las plataformas no ha producido avances suficientes y señaló que los Estados pueden exigir cambios en los algoritmos y en el diseño de los servicios digitales cuando existan riesgos para los derechos de los menores.
La preocupación radica en que la eliminación de una publicación o una cuenta no necesariamente detiene estas prácticas, debido a que los perfiles pueden reaparecer o trasladar las conversaciones hacia canales privados.
Por esta razón, HRW propone fortalecer los sistemas de detección, prevención y respuesta frente a contenidos utilizados para atraer o contactar a población infantil.
Congreso anuncia control político y posibles proyectos de ley
Al cierre de la sesión, integrantes de la Comisión Primera anunciaron seguimiento a las medidas que adelante el Gobierno Nacional para enfrentar esta problemática.
Los congresistas también manifestaron su intención de promover iniciativas legislativas dirigidas a reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente frente a las nuevas modalidades de captación mediante entornos digitales.
El informe pone sobre la mesa un escenario que ha cambiado: los riesgos para la infancia ya no se encuentran únicamente en los territorios donde operan estructuras armadas, sino también en las pantallas de teléfonos celulares y redes sociales utilizadas diariamente por miles de menores en Colombia.
“Cerca de la mitad de los casos documentados corresponde a niños, niñas y adolescentes indígenas”
