La crisis en la atención en salud de los maestros oficiales entró en una fase de máxima exposición institucional. Luego de meses de quejas, movilizaciones y denuncias públicas, la Procuraduría General de la Nación volvió a intervenir y encendió un nuevo frente de presión sobre el Fondo de Prestaciones del Magisterio (FOMAG), al evidenciar incumplimientos persistentes y fallas que siguen impactando a miles de docentes en todo el país.
El pronunciamiento no es menor: llega tras un seguimiento continuo al nuevo modelo de salud, implementado desde mayo de 2024, que aún no logra estabilizar su operación. Para el ente de control, las dificultades no son aisladas ni coyunturales, sino señales de un sistema que presenta debilidades en su diseño, ejecución y supervisión.
Contratos sin formalizar y riesgos para el sistema
Uno de los puntos más sensibles identificados por la Procuraduría se concentra en la contratación de la red de prestadores de servicios de salud. Según las conclusiones de las mesas técnicas, persisten vacíos en la estructuración contractual, lo que mantiene en incertidumbre la prestación efectiva del servicio.
Las delegadas para la Vigilancia de la Función Pública y para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social fueron más allá: advirtieron que el sistema estaría operando sin contratos plenamente actualizados, recurriendo a actas de continuidad y esquemas precontractuales. Este modelo transitorio, lejos de ser una solución, expone al FOMAG a riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales que podrían comprometer la sostenibilidad del sistema.
Medicamentos, citas y transporte: el impacto directo en los maestros
Mientras las alertas se acumulan en lo institucional, en el terreno los efectos ya son visibles. El incremento sostenido de peticiones, quejas y reclamos (PQR) confirma el deterioro del servicio y refleja un sistema bajo presión.
Los reportes coinciden en los mismos puntos: retrasos en la entrega de medicamentos, dificultades para acceder a citas médicas, fallas en el transporte de pacientes y tiempos de atención que superan los estándares aceptables. En múltiples regiones, los docentes enfrentan barreras que afectan su acceso oportuno a tratamientos y consultas, generando un impacto directo en su bienestar y calidad de vida.
Ante este panorama, la Procuraduría endureció su intervención. El ente de control reiteró requerimientos tanto al FOMAG como a la Fiduprevisora, exigiendo la entrega de soportes financieros detallados y un informe completo sobre la contratación de la red de prestadores de salud para las vigencias 2024-2026.
El objetivo es tiene como fin verificar la trazabilidad de los recursos, identificar posibles fallas en la gestión contractual y establecer responsabilidades frente a las irregularidades detectadas. La revisión no solo apunta al presente del sistema, sino también a su proyección en el corto y mediano plazo.
Un modelo que no despega y una presión que aumenta
El balance es contundente. A casi un año de su implementación, el modelo de salud del magisterio no logra consolidarse y continúa acumulando cuestionamientos. Las fallas ya no se limitan a ajustes operativos, sino que revelan problemas estructurales que exigen decisiones de fondo.
Mientras tanto, los maestros siguen en el centro de la crisis, enfrentando un sistema que no responde con la oportunidad ni la cobertura que requiere su labor. La presión institucional aumenta y las exigencias de control se intensifican, en un escenario donde la capacidad de respuesta del FOMAG será determinante para evitar un mayor deterioro del servicio.
Crecen las quejas por demoras en medicamentos, citas
médicas y transporte de pacientes
