Una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) puso en evidencia una de las fallas más sensibles del sistema de seguridad social en Colombia. La corporación judicial puso a la luz pública una congestión prolongada en el trámite de apelaciones contra los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, una situación que está afectando directamente a miles de ciudadanos que esperan respuestas para definir su futuro económico y social.
Se trata de un problema sostenido en el tiempo que limita el acceso efectivo a un servicio público esencial y compromete derechos fundamentales, especialmente en contextos donde las decisiones sobre invalidez determinan el acceso a pensiones, indemnizaciones y otras garantías.
Retrasos que impactan directamente la vida de los ciudadanos
El Tribunal concluyó que las demoras en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (JNCI) alcanzaron niveles que afectan la eficiencia y oportunidad del servicio. Más allá de una falla administrativa, el problema tiene consecuencias concretas: personas en condición de vulnerabilidad permanecen en un limbo jurídico mientras esperan una decisión que define su estabilidad económica.
En su análisis, la corporación fue contundente al señalar que la seguridad social, como servicio público obligatorio, impone a las autoridades deberes estrictos de organización y gestión. Bajo ese marco, las demoras reiteradas en la emisión de dictámenes periciales configuran una vulneración directa de derechos colectivos.
Un sistema bajo presión: la respuesta llegó tras intervención judicial
Uno de los elementos más reveladores del fallo es la forma en que las autoridades reaccionaron frente a la crisis. El Tribunal estableció que las cuatro salas de descongestión creadas mediante la Resolución 1061 de 2024 no fueron producto de una estrategia anticipada, sino una respuesta tardía tras la intervención judicial y la imposición de medidas cautelares.
Este punto resulta determinante porque evidencia que el sistema operó durante un tiempo prolongado sin adoptar medidas suficientes para contener la acumulación de procesos, lo que terminó trasladando la carga al ciudadano.
El problema continúa: no hay cierre del caso
A pesar de las acciones implementadas, el Tribunal descartó que la situación esté resuelta. La congestión persiste y el riesgo de afectación colectiva sigue vigente, lo que impide dar por superada la problemática.
Esta conclusión refuerza la necesidad de adoptar soluciones de fondo, más allá de medidas transitorias, para evitar que el sistema vuelva a colapsar en el corto o mediano plazo.
Órdenes directas al Ministerio de Trabajo y a la Junta de Calificación
Como parte de la decisión, el TAC ordenó mantener en funcionamiento las salas de descongestión y exigió la implementación de medidas estructurales por parte del Ministerio de Trabajo y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
El objetivo garantizar una prestación continua, eficiente y oportuna del servicio, de modo que los ciudadanos no tengan que enfrentar demoras prolongadas en procesos que son determinantes para su calidad de vida.
Lo que está en juego: derechos, ingresos y dignidad
El alcance de esta decisión trasciende el ámbito jurídico. La congestión en la calificación de invalidez no solo representa un problema administrativo, sino una barrera real para el acceso a derechos fundamentales.
Detrás de cada apelación hay personas que dependen de una decisión para acceder a ingresos, tratamientos médicos o condiciones mínimas de bienestar. Por eso, el fallo se convierte en un llamado directo a las autoridades para replantear la gestión del sistema y evitar que la demora institucional siga afectando a quienes más lo necesitan.
La demora impacta directamente el acceso a pensiones
e indemnizaciones.
