La Procuraduría General de la Nación (PGN) sancionó, en fallo de primera instancia, al superintendente delegado para la Protección de la Competencia (2024), Francisco Melo Rodríguez, junto con tres funcionarios y doce contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por presuntamente exceder sus funciones durante visitas administrativas realizadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus fondos rotatorios, entre el 12 y el 21 de marzo de 2024.
La sanción impuesta a Melo Rodríguez consiste en suspensión e inhabilidad especial por 12 meses. Según el Ministerio Público, el grupo comisionado incurrió en actuaciones que desbordaron el alcance legal de las inspecciones.
También fueron sancionados los profesionales universitarios Mario Alejandro Franco Vanegas y Martha Liliana Fandiño Vergara, así como la profesional especializada (E) Yolanda Hernández Alonso. A ellos se suman los contratistas Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Róber Alexis Núñez Barrero, Jessica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique, José Miguel Moreno Reina, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Noemí Rodríguez Pombo y Karen Vanessa Angulo Sogamoso.
Acceso a celulares y extracción de información: el punto crítico del fallo
De acuerdo con la investigación disciplinaria, el equipo actuó bajo la denominación de “El Despacho” para solicitar acceso a dispositivos móviles personales e institucionales, con el fin de extraer información considerada sensible. Estas acciones se realizaron bajo el argumento de adelantar verificaciones relacionadas con procesos de contratación.
Para la Procuraduría, este proceder configuró una extralimitación de funciones, al ir más allá del objeto autorizado de las visitas administrativas.
El ente de control advirtió que estas actuaciones podrían comprometer la reserva legal en asuntos de alta sensibilidad, como procesos de extradición, solicitudes de refugio y manejo de “espejos forenses” (copias exactas de dispositivos digitales).
Las inspecciones tenían como propósito inicial revisar posibles irregularidades en contratos vinculados a la firma Thomas Greg & Sons, relacionados con la expedición de cédulas y pasaportes. Sin embargo, el alcance de las acciones desplegadas superó ese objetivo.
Vulneración de derechos fundamentales
La Procuraduría concluyó que las conductas investigadas afectaron derechos fundamentales como la intimidad y el habeas data, al incluir acceso a información como censos electorales, historiales clínicos y procesos judiciales.
Esto ocurrió pese a que, antes de las visitas, se había delimitado el alcance de las actuaciones dentro del marco de la protección de la libre competencia.
Sanciones: suspensiones, multas e inhabilidades
En cuanto a las medidas disciplinarias:
- Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso: suspensión e inhabilidad por nueve meses.
- Doce contratistas: multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) e inhabilidad para contratar con el Estado durante cinco años.
Además, la Procuraduría precisó que, si los servidores públicos sancionados no se encuentran en ejercicio del cargo al momento de ejecutar la sanción, la suspensión se convertirá en multa, sin afectar la inhabilidad.
