La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió un concepto que redefine el alcance del manejo financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la administración de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La Corporación concluyó que las EPS sí pueden utilizar los recursos de la UPC para pagar deudas y pasivos correspondientes a vigencias anteriores, incluso si los dineros ingresan en un año fiscal distinto al de la obligación que originó el gasto.
La respuesta surge a partir de una consulta del Ministerio de Salud y Protección Social y aclara un punto que durante años generó tensiones operativas y jurídicas entre EPS, prestadores y auditores del sistema.
Por qué la anualidad no aplica a la UPC
El Consejo de Estado fue enfático en señalar que el principio de anualidad presupuestal no rige para estos recursos. La razón: los dineros de la UPC no integran el Presupuesto General de la Nación y tienen naturaleza parafiscal, lo que les otorga una destinación específica y un tratamiento financiero independiente. Esto implica que su uso no está limitado al periodo fiscal en el que se reciben, siempre que se destinen exclusivamente a garantizar la atención en salud y que las obligaciones no hayan prescrito.
La Sala precisó que las facturas no deben radicarse obligatoriamente en la misma vigencia fiscal de la UPC correspondiente. Su presentación debe ajustarse a las condiciones definidas entre EPS, prestadores y proveedores, y realizarse una vez se haya prestado el servicio médico, entregado el recurso tecnológico o completado la atención del paciente. Esta interpretación elimina uno de los mayores puntos de fricción administrativa entre aseguradores y hospitales, especialmente en escenarios de cartera acumulada.
Un vacío normativo que requiere acción del Estado
El concepto también reconoce que existe un vacío jurídico sobre el uso de los recursos de la UPC para obligaciones de vigencias anteriores y respecto a las reservas técnicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Ante esa brecha, el Consejo de Estado fundamentó su respuesta en una lectura rigurosa de la Constitución y las normas vigentes, alertando que la ausencia de regulación precisa debe ser atendida por el legislador y las autoridades competentes.
Llamado a proteger los recursos públicos de la salud
La corporación finalizó su pronunciamiento con un llamado directo a EPS, prestadores, el Gobierno y los demás actores del sistema: garantizar el uso adecuado de los recursos, implementar mecanismos de control efectivos y blindar el derecho fundamental a la salud.
El mensaje se produce en un contexto de presión financiera sobre el sistema, marcado por la discusión nacional sobre sostenibilidad, cartera hospitalaria y garantías para los usuarios.
El Consejo de Estado pidió proteger los recursos públicos
y fortalecer controles.
