La política federal de Estados Unidos frente al cannabis vuelve a ocupar el centro del debate público tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump, una decisión que marca un giro relevante en el tratamiento institucional de esta sustancia y reconfigura el alcance de la estrategia antidrogas a nivel nacional.
La orden presidencial instruye a la fiscal general a iniciar el proceso de reclasificación del cannabis dentro del sistema federal de control de sustancias. De concretarse, dejaría de estar ubicado en la Lista I —categoría reservada para drogas consideradas sin valor médico aceptado y con alto potencial de abuso— para pasar a la Lista III, en la que se encuentran medicamentos de uso regulado como el Tylenol con codeína.
Qué cambia y qué no cambia con la nueva clasificación federal
Este ajuste no implica la legalización del cannabis en el ámbito federal. La sustancia seguirá siendo ilegal bajo la legislación nacional, pero su nueva ubicación en la Lista III introduce cambios sustanciales en la manera como el Estado evalúa sus riesgos, usos potenciales y efectos en la salud pública.
En la práctica, la reclasificación facilitaría el desarrollo de investigaciones científicas, ampliaría el margen para estudios clínicos y permitiría un análisis más flexible sobre sus aplicaciones terapéuticas.
La medida se produce en un contexto de profundas diferencias entre las políticas estatales y el marco federal. Mientras numerosos estados han avanzado en la regulación del cannabis para uso médico o recreativo, el Gobierno central ha mantenido durante años una postura restrictiva que ha generado tensiones legales, económicas y administrativas. La orden ejecutiva busca, en parte, reducir esa brecha y responder a una realidad regulatoria cada vez más fragmentada.
Reacciones políticas y críticas desde el Partido Republicano
Sin embargo, la decisión ha generado resistencia dentro del propio Partido Republicano. Varios legisladores expresaron su oposición, argumentando que el cambio podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad y contribuir a una mayor tolerancia frente al consumo.
Desde esta perspectiva, advierten posibles efectos adversos en materia de salud pública, especialmente entre poblaciones jóvenes, y cuestionan el alcance preventivo de la política antidrogas bajo el nuevo enfoque.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) sostiene que las sustancias clasificadas en la Lista III presentan un potencial de dependencia física y psicológica considerado de moderado a bajo. En esta categoría se incluyen, además del cannabis bajo la nueva clasificación propuesta, compuestos como la ketamina y los esteroides anabólicos, los cuales están sujetos a controles estrictos, pero cuentan con usos médicos reconocidos.
Impacto económico y efectos fiscales para la industria del cannabis
Más allá del debate sanitario y político, la reclasificación tiene implicaciones económicas de gran alcance. Los dispensarios de cannabis autorizados por los estados podrían beneficiarse de cambios en el tratamiento fiscal, ya que la normativa actual les impide acceder a determinadas deducciones tributarias por comercializar sustancias de la Lista I. Esta restricción ha representado durante años una carga significativa para el sector, limitando su capacidad operativa y financiera.
Con la eventual transición a la Lista III, estos establecimientos podrían acceder a alivios fiscales que hoy les están vedados, lo que modificaría de manera sustancial las condiciones del mercado legal del cannabis en los estados donde su venta está permitida.
El impacto se extendería a la inversión, el empleo y la formalización de una industria que ha crecido bajo un marco normativo complejo y, en muchos casos, contradictorio.
El cambio no legaliza el cannabis a nivel federal,
pero amplía el margen para investigación médica
y ajustes regulatorios.
