En un predio de la vereda Gachaneca, en Lenguazaque (Cundinamarca), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con apoyo del Ejército Nacional y la Policía, suspendió una explotación subterránea de carbón que operaba en plena zona de páramo. El procedimiento permitió evidenciar maquinaria reciente en funcionamiento y elementos que confirmaban la actividad extractiva.
Durante el ingreso, los técnicos de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) sorprendieron a los responsables con equipos de uso minero (malacate, ventilador y compresor) aún calientes, lo que confirmó su empleo momentos antes del operativo.
¿Por qué está prohibida la minería en los páramos de Colombia?
La normatividad nacional prohíbe cualquier actividad minera en zonas de páramo por tratarse de ecosistemas estratégicos claves para la regulación hídrica. Durante la inspección, las autoridades encontraron dos tolvas de hasta 40 toneladas, patios de madera, un campamento y material recientemente cortado para sostenimiento subterráneo.
La CAR también documentó el manejo inadecuado de residuos peligrosos. Dos tambores metálicos con aceite usado estaban dispuestos sin protección sobre el suelo, a la intemperie, y presentaban derrames. Según los técnicos, esta situación facilita la infiltración del residuo en capas profundas del terreno, con riesgo de afectar la calidad del agua subterránea.
¿Qué afectaciones ambientales generó esta explotación en el páramo Rabanal?
El operativo permitió establecer daños sobre varios componentes ambientales. En flora, la remoción de vegetación cubrió al menos 0,18 hectáreas dentro del páramo Rabanal–Río Bogotá, área considerada estratégica por su biodiversidad. En fauna, la intervención pone en riesgo especies adaptadas a las condiciones extremas del ecosistema, muchas de ellas endémicas.
El paisaje también resultó alterado: las zonas intervenidas mostraban tonos oscuros y grises propios del carbón y sus residuos, en contraste con la vegetación natural del páramo.
¿Qué medidas adoptaron las autoridades tras el hallazgo?
Por tratarse de una actividad prohibida y encontrada en flagrancia, la CAR impuso una medida preventiva que suspendió de inmediato toda operación minera en el sitio. Además, la Fuerza Pública formalizó la captura de tres personas que fueron trasladadas a Ubaté para su judicialización ante la Fiscalía General de la Nación.
El procedimiento permitió evidenciar maquinaria reciente en funcionamiento y elementos que confirmaban
la actividad extractiva.
