En Colombia, los conflictos entre riqueza mineral y protección ambiental no son nuevos. La minería informal, en especial la de esmeraldas, suele abrirse paso en áreas frágiles sin regulación, dejando una estela de deterioro en su entorno. El caso más reciente ocurrió en Yacopí (Cundinamarca), donde las autoridades ambientales suspendieron una operación minera ilegal que estaba afectando una zona con categoría de conservación. Aunque el hallazgo detuvo la actividad, el impacto ya había comenzado a sentirse.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de una explotación ilegal de esmeraldas en la vereda La Mina, en el municipio de Yacopí, tras constatar daños sobre los recursos suelo, flora y agua. Durante la intervención, realizada junto a la Policía de Carabineros, se evidenció que el predio no contaba con licencia ambiental, requisito obligatorio para operar aun cuando el yacimiento esté dentro de un polígono con concesión minera vigente.
Entre las irregularidades detectadas, el equipo técnico de la CAR reportó el vertimiento descontrolado del material extraído, lo cual genera riesgo de deslizamientos en un área de ladera y altera el equilibrio del terreno. El predio, además, se encuentra dentro de una zona categorizada como de Conservación y Protección Ambiental según el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA) del río Carare, lo que restringe aún más las actividades extractivas.
Alejandro Fiquitiva Casallas, director regional Rionegro de la CAR, explicó que las actividades mineras detectadas no solo estaban afectando los ecosistemas, sino que se realizaban sin los instrumentos legales exigidos. La proximidad del sitio intervenido a una quebrada incumple las normas de protección hídrica vigentes, lo que agrava la situación.
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El informe también señala alteraciones visibles en el paisaje y en la cobertura vegetal. Modificaciones en el relieve, impacto visual y pérdida de flora nativa son algunas de las consecuencias que podrían dejar secuelas difíciles de revertir. La CAR adelantará una evaluación para determinar el nivel de daño y, con base en ello, decidir si impone sanciones adicionales como multas económicas.
Aunque el hallazgo detuvo la actividad, el impacto ya había comenzado a sentirse.
