La prestación de los servicios públicos domiciliarios volvió a quedar bajo la lupa en 2025. Tras una serie de investigaciones administrativas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dejó en firme sanciones económicas superiores a los $35.715 millones contra diferentes empresas de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo, luego de establecer incumplimientos regulatorios y afectaciones directas a los derechos de los usuarios.
El balance refleja un año de alta actividad sancionatoria y evidencia debilidades estructurales en la operación, el control interno y la relación de varios prestadores con la normativa vigente, en sectores que inciden de manera directa en la calidad de vida de la población.
Las actuaciones fueron adelantadas bajo la dirección del superintendente Felipe Durán Carrón, en el marco de una estrategia institucional orientada a reforzar la vigilancia estatal y exigir mayores niveles de cumplimiento a las empresas habilitadas para operar servicios esenciales.
Energía y gas lideran el monto de las sanciones
El mayor volumen de multas se concentró en los sectores de energía eléctrica y gas combustible, que en conjunto acumularon sanciones en firme por más de $21.712 millones.
En energía eléctrica, la Superintendencia impuso cinco sanciones, incluida una amonestación, y resolvió 11 recursos de reposición interpuestos por empresas del sector. Como resultado, quedaron confirmadas multas por $7.594 millones
Las investigaciones evidenciaron incumplimientos de los indicadores de calidad del servicio, vulneraciones al debido proceso de los usuarios, interrupciones injustificadas en la prestación, infracciones al régimen de generación y comercialización, así como fallas en el suministro de información al Sistema Único de Información (SUI), herramienta fundamental para el seguimiento y control del sector.
En el caso del gas combustible, se impusieron 12 sanciones y se resolvieron siete recursos de reposición, con multas confirmadas por $14.000 millones. Las causas estuvieron relacionadas con incumplimientos en el mercado mayorista de gas natural, deficiencias técnicas en la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y afectaciones a las garantías procesales de los usuarios.
Agua y aseo: sanciones por fallas que impactan la salud y el ambiente
El frente de acueducto y alcantarillado registró 13 sanciones y la resolución de 26 recursos de reposición, dejando multas en firme superiores a $7.526 millones.
Entre las irregularidades detectadas figuran la ausencia de instrumentos de medición del consumo, la facturación sin requisitos mínimos, la no aplicación de la metodología tarifaria vigente y el incumplimiento de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos exigidos para garantizar agua apta para el consumo humano, un aspecto directamente asociado a la salud pública.
En el servicio de aseo, la Superintendencia impuso 37 sanciones y resolvió 28 recursos de reposición, confirmando multas por más de $6.475 millones. Las investigaciones identificaron incumplimientos de las normas técnicas del servicio, fallas en la actividad de aprovechamiento, carencia de permisos o autorizaciones ambientales y deficiencias en la calidad de la información reportada al SUI.
El total de las sanciones en firme del sector AAA (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) superó los $14.000 millones, una cifra que pone en evidencia la magnitud de los incumplimientos detectados.
Un mensaje directo a los prestadores y una señal para los usuarios
Desde la Superintendencia se reiteró que las sanciones no solo buscan corregir conductas irregulares, sino prevenir nuevas afectaciones y fortalecer la garantía del derecho ciudadano a recibir servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad.
El superintendente Felipe Durán Carrón hizo un llamado a los prestadores del país para revisar de manera integral sus procesos técnicos, administrativos y de atención al usuario, subrayando que la prestación de los servicios públicos domiciliarios implica responsabilidades permanentes frente al Estado y la ciudadanía.
El balance de 2025 deja así una señal donde el control institucional se mantiene activo y con capacidad sancionatoria, en un escenario donde la protección del interés general y la confianza de los usuarios ocupan un lugar prioritario en la agenda regulatoria.
Fallas en calidad del servicio, facturación, información al SUI y garantías procesales marcaron las investigaciones.
