De manera súbita, la Defensa Civil de Zipaquirá, tras 38 años de servicio ininterrumpido, dejó de operar en la ciudad. La decisión fue tomada por la Defensa Civil Nacional mediante un acto administrativo que clausuró sus servicios.
En entrevista con Extrategia, Óscar Castillo Barrantes, Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Zipaquirá, explicó que la clausura se debió a presuntas irregularidades en la gestión de José Gutiérrez, encargado de la Defensa Civil Zipaquirá. “No ha podido aclarar algunos manejos aparentemente irregulares y habría ocultado información fundamental de interés público y de la institución”, señaló Castillo Barrantes.
Convenios y Recursos en Juego
El municipio de Zipaquirá había firmado un convenio con la Defensa Civil local en enero, por un valor aproximado de $314 millones, mientras que la Defensa Civil Nacional aportó cerca de $40 millones, sumando un total de $354 millones. De este monto, se había entregado un anticipo de $124 millones, respaldado por una póliza de buen manejo y correcta inversión. Además, se habían pactado siete pagos de $27 millones cada uno, de los cuales se realizaron dos.
Sin embargo, la alarma se encendió cuando los integrantes de la Defensa Civil no recibían sus honorarios, a pesar de que el municipio estaba al día con el organismo municipal de socorro. Presuntamente, el director les informó que la Alcaldía no había girado los recursos, lo cual era falso.
Documentación y Certificaciones Dudosas
El Secretario de Seguridad destacó que, antes de firmar nuevos convenios, el director de la Defensa Civil Zipaquirá entregó documentación que certificaba su vigencia. No obstante, la Defensa Civil Nacional afirmó que dicha certificación no estaba vigente. Además, la Defensa Civil Zipaquirá habría firmado un convenio similar con la Alcaldía de Cogua.
La resolución expedida por la Defensa Civil Nacional, en la que se clausura la Defensa Civil de Zipaquirá, también menciona presunta falsedad ideológica y ocultamiento de información. “Los directivos nacionales de este organismo de socorro sugirieron al alcalde Fabián Rojas García que procediera a finiquitar los convenios, comodatos y otros compromisos correspondientes. En la liquidación se deberá establecer el balance del convenio”, afirmó Castillo Barrantes.
Investigación en Curso
La ejecutoria de la Defensa Civil Nacional, emitida en los últimos días de mayo de este año, indica que la sede, la ambulancia, la motocicleta-ambulancia y otra ambulancia en desuso, entregadas en comodato por la Administración Municipal, deben regresar al municipio una vez se oficialice la investigación que ya adelanta la Contraloría de Cundinamarca.
“Lo que nos da tristeza es que la Defensa Civil Nacional acabe con la Defensa Civil Zipaquirá, porque la institución de más de 38 años en el municipio tiene gran significado para todos. Las instituciones no deben desaparecer; quienes representan mal a las instituciones somos los humanos. Es respetable la decisión, pero fue una decisión de la Defensa Civil Nacional”, expresó Castillo Barrantes.
Evaluaciones y Futuras Acciones
Castillo Barrantes concluyó que, con base en la ejecutoria del acto administrativo, se evaluará qué ocurrió y se hará un balance del convenio. “Tenemos que verificar si efectivamente se gastó el anticipo en lo que correspondía y por qué no se pagaron salarios u honorarios a sus colaboradores socorristas. La Contraloría de Cundinamarca ya nos pidió información para abrir un juicio de ejecución fiscal y de investigación para probar si hay un detrimento patrimonial. También investigaran la presunta falsificación y ocultamiento de información, que fueron motivaciones para terminar el convenio. A nosotros nos presentaron documentos oficiales con presunción de legalidad”.
La situación se complica aún más con la presunta falsificación de la personería jurídica de la Defensa Civil Zipaquirá, la cual, al parecer, había perdido vigencia el año pasado, insiste el Secretario de Seguridad. “Nos presentaron una certificación que estaba vigente, y que nosotros aceptamos, basados en el principio de buena fe y confianza legítima”, finalizó Castillo Barrantes.
El convenio de $354 millones incluía un anticipo de $124 millones y siete pagos de $27 millones, sin contar Cogua, que habría hecho otro convenio.
