La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento prioritario a la garantía de derechos de un adolescente que fue aprehendido en hechos aún bajo investigación y que actualmente se encuentra hospitalizado en la Clínica Colombia, en Bogotá. La intervención se da por instrucción directa del procurador general y está siendo liderada por la Delegada para los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.
El menor de edad, cuya identidad se mantiene bajo reserva por tratarse de un niño, fue objeto de un procedimiento que terminó con su hospitalización. Desde la noche anterior, el Ente de Control ha hecho llamados a las autoridades responsables para que garanticen su vida, su integridad física y el acceso a todos sus derechos fundamentales.
Activación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
En una acción articulada entre la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se han activado las rutas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Este despliegue institucional incluye la implementación de medidas de protección inmediatas y el inicio del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, liderado por el ICBF.
“La protección integral del menor es una prioridad. Estamos haciendo presencia activa para garantizar que ninguna vulneración quede sin respuesta”, expresó un vocero del Ministerio Público.
Lea también
Procuraduría seguirá acompañando el caso
La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de acompañar este caso hasta que se esclarezcan completamente los hechos y se asegure el restablecimiento pleno de los derechos del joven afectado.
La institución reafirma así su función constitucional de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.
Este seguimiento responde no solo a un deber legal, sino también a una exigencia ética frente a la protección de la niñez, especialmente en contextos de conflicto con la ley penal.
El caso involucra una posible vulneración de derechos durante un procedimiento que terminó con la hospitalización del menor.
