Por Redacción
A menos de cinco meses de que venza el plazo para la prestación del servicio de alimentación en los Centros de Detención Transitoria de 125 municipios, las alarmas se han encendido. A partir del 30 de junio, la responsabilidad de suministrar alimentos a 13.314 Personas Privadas de la Libertad (PPL) recaerá sobre las entidades territoriales, tras la finalización del contrato de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Sin embargo, el panorama es preocupante: solo 59 de los 125 municipios han presentado los planes de implementación requeridos, a pesar de que el plazo legal venció el 31 de diciembre de 2024.
Según datos recopilados hasta el 24 de febrero de 2025, más de la mitad de los municipios no han cumplido con la obligación de presentar al Ministerio de Justicia los planes necesarios para garantizar la continuidad del servicio de alimentación. Esta situación ha llevado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) a convocar una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel, programada para el próximo 27 de febrero, con el fin de evitar una crisis humanitaria en estos centros.
Néstor Osuna y Samuel Arrieta, procuradores delegados para los Derechos Humanos y la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, respectivamente, han recordado que las entidades territoriales tienen la obligación de incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para cubrir los gastos de los centros de detención transitoria bajo su jurisdicción. “Esto incluye no solo el suministro de raciones alimenticias, sino también otros servicios esenciales para garantizar condiciones de vida digna para la población sindicada a su cargo”, señalaron.
La mesa de trabajo buscará evaluar los avances en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en estos centros, con especial énfasis en el cumplimiento del mínimo constitucional de alimentación para las PPL. La Procuraduría ha insistido en la urgencia de que los municipios restantes presenten sus planes y asignen los recursos necesarios para evitar que miles de personas queden desprotegidas.
De no tomarse medidas inmediatas, el riesgo de una crisis humanitaria en los Centros de Detención Transitoria es inminente. La falta de alimentación adecuada no solo vulneraría los derechos fundamentales de las PPL, sino que también podría generar un escenario de desestabilización en el sistema penitenciario. Las entidades territoriales tienen ahora la palabra para actuar antes de que sea demasiado tarde.
La Procuraduría convoca mesa de trabajo urgente para evitar una crisis humanitaria.
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