La Procuraduría General de la Nación (PGN) encendió las alarmas frente a un tema que toca la vida diaria de todos los bogotanos: la continuidad del servicio de recolección de basuras. El actual contrato que sostiene el sistema vence en febrero de 2026 y, de no tomarse medidas oportunas, la ciudad podría enfrentar un panorama complejo en materia de salubridad, movilidad y bienestar ciudadano.
El organismo de control, a través de la Delegada Segunda para la Función Pública, sostuvo una reunión con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), dirigida por su recién posesionado director, Armando Ojeda Acosta. La cita tuvo como propósito abrir espacios de diálogo que permitan anticipar soluciones y evitar que Bogotá se quede sin un esquema sólido de gestión de residuos.
Un debate que define el futuro del aseo en la capital
Uno de los puntos más sensibles de la discusión es el modelo bajo el cual debe operar el servicio en los próximos años. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) impulsa un esquema de libre competencia, mientras la UAESP insiste en mantener las Áreas de Servicio Exclusivo.
Este debate no es menor: según cifras presentadas, la desaparición de estas áreas podría afectar directamente a unas 400 mil personas en condición de vulnerabilidad, quienes hoy cuentan con una cobertura garantizada. La incertidumbre frente a esta población hace que la discusión trascienda lo técnico y adquiera un peso social de gran magnitud.
La Procuraduría como mediadora
Consciente de las tensiones entre las entidades, la Procuraduría se ofreció como mediadora y planteó la creación de mesas técnicas de trabajo. El objetivo es construir consensos, diseñar un plan integral y blindar la prestación del servicio de aseo. La idea es anticiparse a posibles crisis y asegurar que la ciudad no vea comprometida la recolección de residuos, un servicio esencial para la salud pública y la calidad de vida.
Primeros pasos para una solución conjunta
Como resultado del encuentro, las partes acordaron la implementación de un cronograma de actividades que dará forma a las mesas técnicas. En estos espacios se analizarán diferentes alternativas, buscando garantizar un servicio de aseo eficiente, sostenible y oportuno, con especial atención a los sectores más vulnerables de la capital.
La Procuraduría insistió en que el reto no solo es administrativo o contractual, sino también social y ambiental. Bogotá no puede permitirse retrocesos en la cobertura ni en la calidad del servicio, por lo que el diálogo interinstitucional será determinante en la construcción de un modelo que responda a las necesidades de la ciudad y proteja a sus habitantes más frágiles.
El contrato de aseo vence en febrero de 2026
y no hay un plan definido.
