A pesar de que Colombia dio un paso legislativo fundamental con la prohibición del asbesto, la transición hacia un país libre de este mineral enfrenta un estancamiento administrativo preocupante. La Procuraduría General de la Nación ha emitido un requerimiento formal a las entidades del orden nacional para que informen sobre el cumplimiento de la Ley 1968 de 2019. Usted debe recordar que, si bien desde el 1 de enero de 2021 está prohibida la comercialización y explotación de este material, el compromiso del Estado iba más allá: la creación de una ruta clara para eliminar lo que ya está instalado en infraestructuras y hogares.
La Directiva 009 del Ministerio Público pone de manifiesto que el tiempo para formular la política pública de sustitución ya expiró. Ante este panorama, se ha instado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) a asumir un rol de liderazgo que permita articular a los distintos organismos del Gobierno. El objetivo es claro: gestionar de manera integral no solo los productos fabricados con asbesto que aún persisten en el entorno, sino también sus residuos, para mitigar los riesgos de salud que conlleva la exposición a este componente.
¿Qué ha pasado con la política de sustitución del asbesto en Colombia?
Aunque la ley prohibió la entrada de nuevo material al mercado hace cinco años, el Estado tenía la obligación de diseñar un plan para retirar de forma segura el asbesto que ya hace parte de construcciones antiguas y sistemas industriales. La Procuraduría señala que dicho plan no ha sido adoptado ni puesto en ejecución, lo cual representa un incumplimiento directo del mandato legal. Por esta razón, se ha solicitado a los ministerios de Trabajo, Salud, Ambiente y Comercio que procedan de inmediato con la formulación y ejecución de esta política pendiente.
¿Cómo se está controlando la comercialización ilegal del asbesto?
Para garantizar que la prohibición no sea solo de papel, el órgano de control ha exhortado a la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con la DIAN, a endurecer los procedimientos sancionatorios. Estas entidades deben actuar contra cualquier persona o empresa que persista en la importación o distribución de cualquier tipo de asbesto. Además, tienen el deber de remitir a la Procuraduría un informe detallado sobre sus actuaciones de inspección y control desde que la norma entró en vigencia, especificando qué resultados se han obtenido en la lucha contra este mercado ilegal.
El Ministerio Público busca que la gestión sea integral,
vinculando a todas las entidades del orden central y
descentralizado para que se implementen medidas
técnicas que aseguren que el retiro del mineral no termine generando una crisis sanitaria mayor.
