
La Procuraduría General de la Nación, a través del Procurador Delegado para la Gestión y la Gobernanza Territorial (e), John Harvey Pinzón Navarrete, emitió una circular dirigida a autoridades nacionales y territoriales (Alcaldías y Gobernaciones entre otros) con el fin de garantizar la prestación del servicio esencial de bomberos en el contexto de la declaratoria de Situación de Desastre Nacional establecida mediante el Decreto 1372 de 2024.
Vigilancia y seguimiento
En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, la Procuraduría Delegada supervisa el cumplimiento de la Constitución, la normatividad vigente y los actos administrativos, con especial énfasis en la protección de derechos humanos y la gestión del riesgo de desastres. Conforme al Artículo 44 de la Ley 1523 de 2012, el ente de control realiza seguimiento al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), priorizando la prevención, reducción del riesgo y atención de emergencias.
Desde el ente de control se han desplegado visitas territoriales, mesas de trabajo con cuerpos de bomberos y administraciones municipales, y la emisión de directivas, circulares y memorandos a autoridades locales, la UNGRD y entidades operativas del SNGRD. Se han identificado dificultades en municipios de quinta y sexta categoría para garantizar la gestión del riesgo contra incendios y la atención de emergencias, derivadas de la intermitencia en los contratos con los cuerpos de bomberos voluntarios. Esta situación, agravada por la declaratoria de desastre nacional y alertas de organismos técnicos como IDEAM, SGC, DIMAR y la UNGRD, incrementa la vulnerabilidad ante eventos naturales o antrópicos.
Instrucciones a las autoridades
La Procuraduría reiteró la importancia de las Directivas 005 de 2020 y 2021, así como los pronunciamientos contenidos en los oficios PDGGT No. 472 de 2023 y 017 de 2024, instando a los integrantes del SNGRD a garantizar la gestión del riesgo contra incendios y la atención de emergencias conforme a la Ley 1575 y la Ley 1523 de 2012. Entre las principales acciones requeridas se destacan:
- Alcaldes: Gestionar acuerdos con cuerpos de bomberos voluntarios, asegurar fuentes de financiamiento, ajustar tributos para fortalecer el servicio, incluir recursos en los proyectos presupuestales y validar propuestas bajo criterios técnicos.
- Gobernadores: Crear y financiar Fondos Departamentales de Bomberos, monitorear la prestación del servicio, revisar periódicamente los recursos y proponer tasas para fortalecer el servicio.
- Ministro del Interior: Convocar la Junta Nacional de Bomberos para definir el presupuesto del Fondo Nacional de Bomberos, gestionar recursos y promover reformas a la Ley 1575 de 2012.
- Directora Nacional de Bomberos: Establecer lineamientos operativos y financieros para los cuerpos de bomberos, generar directrices claras y fortalecer los procesos de inspección y vigilancia.
- Director de la UNGRD: Gestionar recursos para atender la declaratoria de desastre nacional, coordinar con las fuerzas militares y policiales el apoyo a emergencias y verificar protocolos de crisis.
La Procuraduría reafirma su compromiso en la vigilancia del cumplimiento normativo y la prevención de riesgos, sin coadministrar ni coaccionar, con el objetivo de salvaguardar los derechos y garantizar la prestación de servicios esenciales para la población.
Circular emitida por la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial.
La Procuraduría lanza advertencia: autoridades deben actuar antes de que sea tarde.
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