El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, calificó como “doloroso” que, pese a las decisiones del máximo Tribunal de Justicia y las acciones de la Procuraduría para superar la crisis humanitaria, “las cosas sigan de mal en peor”.
“El diagnóstico pone en relieve la profunda victimización de la niñez indígena en el marco del conflicto armado”, señaló durante el Foro ‘La Primera Infancia Indígena’, realizado en la Contraloría General de la República, en Bogotá.
PGN insiste en el cumplimiento de la sentencia sobre el pueblo Wayúu
El jefe del Ministerio Público subrayó que su gestión mantiene un énfasis en la prevención, a la que calificó como su prioridad, pero lanzó una advertencia contundente:
“Si los agentes del Estado no cumplen con sus obligaciones para proteger las vidas de estas comunidades vulnerables, vamos a sancionar de manera ejemplar a los responsables”.
Eljach recordó que la Procuraduría ha insistido ante las autoridades competentes en que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional sobre el pueblo Wayúu, la cual ya lleva cinco años sin mostrar avances significativos.
“Nuestra acción busca responsabilizar a quienes no han demostrado gestiones efectivas. Es evidente el fracaso en la respuesta estatal ante la crisis del pueblo Wayúu”, afirmó, al revelar que el ente de control ha emitido exhortos y pronunciamientos ante la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional y las entidades vinculadas al ECI.
Alarmante incremento del reclutamiento infantil indígena
El Procurador alertó además sobre la grave situación de los menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas, quienes son los más afectados por el reclutamiento forzado:
“En 2024 se reportaron 578 casos, de los cuales 277 corresponden a esta población. La tendencia continuó en el primer semestre de 2025 con 25 de 55 casos”.
Asimismo, precisó que existen 644.433 menores de 15 años —equivalentes al 33,8 % de la población indígena total— y advirtió que las brechas sociales que enfrentan estos niños se originan en “serias limitaciones estructurales de gobernanza”.
El jefe del órgano de control agregó que el trabajo institucional ha demostrado que los planes de acción territorial no se formulan en coordinación con las autoridades indígenas, lo que deriva en programas que no responden a sus necesidades reales.
Deficiencias en salud, educación y acceso a derechos básicos
Denunció, además, la existencia de barreras “insuperables” para el goce efectivo de los derechos de esta población, como la falta de infraestructura básica, el limitado acceso a salud, educación y alimentación, y la dispersión geográfica de los resguardos.
“Este fracaso está estrechamente vinculado a la incapacidad estatal de superar el conflicto armado interno, consolidar una buena gobernanza y aplicar de manera efectiva el enfoque diferencial”, sostuvo Eljach.
Finalmente, el Procurador General enfatizó que la institución continuará exigiendo el cumplimiento de la ley, la Constitución y las decisiones judiciales.
“No podemos admitir, como representantes de la sociedad, que la indiferencia burocrática siga condenando a las etnias indígenas a morir lentamente”, concluyó.
Más de 277 niños indígenas fueron víctimas de
reclutamiento forzado en 2024, según la Procuraduría.
