Fueron encontrados en la cima de un cerro de Ciudad Bolívar (Bogotá), exhaustos, flacos y cubiertos de heridas. Así fue como Clank y Bobble llegaron a manos de la fundación animalista Patitas de la Protesta, que decidió rescatarlos tras recibir una denuncia sobre su precaria situación.
Según el relato de la organización, los perros no solo estaban desnutridos y febriles, sino que presentaban lesiones compatibles con una práctica que, aunque ilegal, sigue ocurriendo en distintas zonas del país: el uso de animales como blanco de ataque en entrenamientos para peleas clandestinas de perros. Una forma de violencia silenciosa y brutal, en la que los más débiles terminan pagando con su cuerpo.
Aunque el refugio estaba sobrepasado de casos, Patitas de la Protesta asumió la atención veterinaria de ambos canes. Uno necesitaba una cirugía ocular urgente. Los dos carecían de vacunas, esterilización y cualquier tipo de seguimiento médico reciente.
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Parecía el comienzo de una segunda oportunidad, pero la historia tomó un giro inesperado. Días después del rescate, un hombre se presentó en la clínica veterinaria asegurando ser el tenedor oficial de los perros. Como prueba, mostró un carné de vacunación vencido desde 2021. La fundación confirmó su identidad, pero también alertó que se trataba de alguien negligente, que ya había perdido a los animales en varias ocasiones y que no ofrecía garantías de bienestar.
Pese al acuerdo de mantenerlos bajo observación, el sujeto retiró a Clank y Bobble ese mismo día, aprovechando un descuido del personal médico. “La salida no fue autorizada por la fundación”, advirtió la organización, denunciando públicamente lo ocurrido.
Desde entonces, no se sabe nada más. Clank y Bobble volvieron al anonimato del que apenas habían salido. Nadie responde por su salud, su entorno ni su seguridad. El caso dejó más preguntas que certezas, y una sensación de impotencia frente a un sistema que, aun con pruebas de maltrato, permite que un animal vuelva a manos de quien ya le falló.
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El caso, más allá de la indignación puntual, revive la necesidad de revisar con urgencia los mecanismos legales que protegen a los animales en Colombia, así como el débil control sobre las redes de peleas ilegales que operan en la sombra.
