La Contraloría de Cundinamarca encendió el radar sobre la salud financiera de las empresas de servicios públicos (ESP) en el departamento, y el balance de 2024 dejó un panorama alentador: de las 47 entidades analizadas bajo su jurisdicción, el consolidado final fue un superávit de $67.211 millones, con ingresos superiores a los $709.891 millones y gastos por $642.680 millones.
El informe, elaborado por la Subdirección Técnica de Finanzas Públicas, resalta que los resultados no solo muestran un cierre positivo, sino que marcan una tendencia de recuperación frente a años anteriores, especialmente tras el desbalance registrado en 2023.
Un repunte frente al 2023: lo que dicen las cifras
El análisis comparativo de los últimos cuatro años muestra que las finanzas de las ESP no han sido lineales. Entre 2021 y 2024 los ingresos crecieron un 40%, evidenciando un fortalecimiento en la capacidad de recaudo y la puesta en marcha de estrategias comerciales más efectivas.
Sin embargo, en el mismo periodo, los gastos presentaron variaciones notables: en 2023 se registró el mayor desajuste, lo que encendió alarmas sobre la sostenibilidad del modelo. En contraste, 2022 y 2024 demostraron que una planeación rigurosa y un gasto alineado con los recursos efectivamente recaudados son capaces de revertir la balanza hacia resultados favorables.
La Contraloría destacó que este desempeño evidencia un avance en sostenibilidad financiera, respaldado por disciplina presupuestal, control del gasto y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
Ingresos en ascenso y 28 empresas en superávit
El 2024 se consolidó como un año de repunte. Los ingresos totales alcanzaron los $709.891 millones, con un nivel de ejecución del 94%. De las 47 entidades, 28 reportaron superávit fiscal, lo que sumó en conjunto $86.741 millones.
El ranking departamental fue encabezado por empresas que lograron traducir su gestión administrativa en resultados concretos:
- Funza (EMAAF): superávit de $23.106 millones.
- Fusagasugá (EMSERFUSA): $11.712 millones.
- Mosquera: $11.409 millones.
- Madrid: $9.750 millones.
- Chía (EMSERCHÍA): $7.037 millones.
- Tenjo (EMSERTENJO): $4.645 millones.
- Tocancipá: $4.311 millones.
- Cajicá: $3.961 millones.
- Sopó (EMSERSOPÓ): $3.880 millones.
- Alcari S.A.S. (Ricaurte): $1.321 millones.
Estas empresas, ubicadas en diferentes puntos del territorio cundinamarqués, se convirtieron en referentes al demostrar que la disciplina fiscal y la planeación pueden garantizar excedentes sin frenar la prestación del servicio.
Las sombras del déficit: un reto por resolver
Aunque el balance general es positivo, no todas las entidades salieron bien libradas. Varias reportaron déficits fiscales al comprometer gastos por encima de los ingresos. Según la Contraloría, la principal dificultad en estos casos radica en una estructura de gastos desbalanceada: un peso excesivo en costos de personal y una baja inversión en infraestructura o expansión de cobertura.
El organismo de control advirtió que este modelo es riesgoso porque debilita la capacidad de prestación del servicio en el mediano y largo plazo. En consecuencia, recomendó fortalecer la planeación financiera, optimizar el uso de los recursos y priorizar la inversión en obras que mejoren la calidad y la continuidad de los servicios públicos.
Crecimiento operacional y confianza ciudadana
Más allá del superávit, el informe resalta otros avances que consolidan la confianza en el sector. Los ingresos operacionales aumentaron un 5% respecto a 2023, impulsados por un mayor volumen en la venta de servicios y un crecimiento significativo en las transferencias externas.
De igual forma, el excedente operacional tuvo un incremento del 19 %, lo que demuestra que la eficiencia en la gestión diaria de las empresas va más allá de los balances financieros y repercute directamente en la calidad del servicio a los usuarios.
Un mensaje de planeación y sostenibilidad
La Contraloría de Cundinamarca concluyó que los resultados de 2024 son el reflejo de una administración más consciente de la importancia de ajustar el gasto a los ingresos reales, priorizar la inversión y garantizar que cada peso invertido tenga un impacto directo en la prestación de servicios esenciales.
En palabras sencillas: cuando hay disciplina presupuestal y control riguroso, la sostenibilidad es posible. El reto ahora será que las entidades con déficit replanteen sus modelos financieros y que las que lograron superávit mantengan la senda de eficiencia para fortalecer la confianza ciudadana y ampliar su capacidad de cobertura.
Planeación y disciplina son la fórmula
que marcó el repunte en 2024.
