La sostenibilidad del crédito agropecuario volvió al centro del debate institucional tras la advertencia emitida por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Resolución 10 de 2025, expedida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA).
El organismo de control alertó que la norma podría afectar el acceso al financiamiento de los productores rurales y comprometer recursos públicos, al carecer de soportes técnicos, financieros y jurídicos suficientes.
Incertidumbre regulatoria y riesgos para los recursos públicos
Desde el enfoque económico y fiscal, la Contraloría señaló que la resolución introduce un escenario de incertidumbre regulatoria con potencial impacto sobre la confianza en el sistema de crédito rural. Según el informe, la medida resulta jurídicamente improcedente, económicamente inconveniente y fiscalmente riesgosa, al exponer al Estado a contingencias financieras que no fueron evaluadas de manera previa.
Uno de los aspectos más sensibles identificados por el ente de control es la ausencia de análisis financieros que permitan dimensionar el impacto de la norma sobre entidades estratégicas como FINAGRO y el Fondo Agropecuario de Garantías. La falta de estos estudios podría afectar la estabilidad del sistema y reducir la capacidad de otorgamiento de crédito, sin medir con precisión las consecuencias sobre las tasas de interés ni sobre el acceso efectivo de los productores rurales al financiamiento.
Decisiones que podrían exceder las competencias de la CNCA
A este panorama se suma la advertencia sobre posibles extralimitaciones en el ejercicio de las competencias de la CNCA. La Contraloría señaló que la Comisión estaría adoptando decisiones que podrían exceder su marco funcional, como la modificación de condiciones asociadas a los Títulos de Desarrollo Agropecuario y la definición de tasas diferenciadas, situaciones que ponen en entredicho la validez jurídica de la resolución.
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El informe también cuestiona el proceso de expedición de la norma. De acuerdo con la Contraloría, la Resolución 10 de 2025 fue publicada sin contar con los estudios técnicos completos que debían sustentarla. Esta situación limitó la participación informada de la ciudadanía y de los actores del sector agropecuario, quienes se pronunciaron sobre una propuesta que aún no contaba con el respaldo técnico necesario para evaluar sus efectos reales.
Falta del concepto de la SIC y riesgos para la libre competencia
Adicionalmente, el organismo de control advirtió que la CNCA habría omitido solicitar el concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio, un requisito obligatorio cuando una regulación puede incidir en la libre competencia económica.
Esta omisión compromete la legalidad del procedimiento y deja abiertas dudas sobre el impacto de la resolución en el equilibrio del mercado financiero agropecuario.
Crédito rural bajo presión y llamado urgente del ente de control
La advertencia de la Contraloría se produce en un contexto en el que el crédito de fomento rural sigue siendo determinante para la productividad y la permanencia de los productores en el campo. Decisiones regulatorias sin una evaluación integral pueden traducirse en mayores barreras de acceso al financiamiento, especialmente para pequeños y medianos agricultores.
Ante este escenario, la CGR exhortó a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para evitar que los riesgos identificados se materialicen. El llamado busca proteger los intereses públicos, preservar la estabilidad del sistema de crédito agropecuario y asegurar que las decisiones regulatorias se adopten con rigor técnico, responsabilidad fiscal y respeto por el marco legal vigente.
La falta de análisis podría afectar la capacidad de las entidades de otorgar créditos en condiciones justas.
