
Alcaldías deben actualizar la estratificación socioeconómica para garantizar subsidios justos
A través de la Circular 008 de 2025, la Procuraduría General de la Nación (PGN) lanzó una alerta a los alcaldes del país: es urgente actualizar la estratificación socioeconómica de los inmuebles residenciales. El llamado responde a preocupaciones por el rezago en estos procesos, que estaría afectando la equidad en la asignación de subsidios a los servicios públicos domiciliarios.
La advertencia, liderada por la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, busca que las administraciones municipales adopten medidas inmediatas para cumplir con la normativa vigente y garantizar una distribución justa de los recursos, especialmente en lo relacionado con las tarifas de agua, energía y gas.
De acuerdo con el Ministerio Público, en numerosos territorios del país los sistemas de estratificación están desactualizados, lo que genera distorsiones en las tarifas que pagan los ciudadanos, debilita la justicia distributiva y complica la planeación del desarrollo urbano y rural.
La Procuraduría no solo hizo el llamado, sino que también detalló las acciones que deben implementar las alcaldías. Entre ellas, calcular el costo anual del proceso de estratificación, someterlo a concepto del Comité Permanente de Estratificación y asegurar su inclusión en el presupuesto municipal. Este esfuerzo debe contar con el respaldo técnico y financiero de las empresas prestadoras de servicios públicos.
Otro punto clave de la circular es la exigencia de garantizar el funcionamiento activo del Comité Permanente de Estratificación en cada municipio. Además, se deberá exigir a las empresas de servicios públicos que integren el número predial catastral y/o las coordenadas geográficas de los inmuebles en sus sistemas de facturación, de acuerdo con los lineamientos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y utilizando el sistema SIGESCO.
Finalmente, la Procuraduría fijó un plazo: las alcaldías deberán haber adoptado la nueva estratificación y reportado su difusión a más tardar el próximo 5 de mayo de 2025.
Con este pronunciamiento, el ente de control reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la gestión territorial y la defensa de los derechos ciudadanos, en especial los relacionados con el acceso equitativo a los servicios públicos esenciales.
Alcaldías deben incluir los costos del proceso en sus presupuestos con respaldo de empresas de servicios.
Foto portada: Fotos de fachadas de un barrio de la Comuna 13 en Medellín, Colombia