
El reconocido abogado Juan Sebastián Briceño Torres consiguió un importante triunfo ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), logrando la absolución en segunda instancia para el exalcalde de Zipaquirá, Luis Alfonso Rodríguez Valbuena y el exsecretario de Planeación Carlos Alfonso Castillo Garzón. El fallo de segunda instancia revoca las sanciones que habían sido impuestas en primera instancia por la misma Procuraduría, marcando un precedente importante.
En un principio, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 había declarado responsable al exalcalde de Zipaquirá, Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, y a Carlos Alfonso Castillo Garzón, exsecretario de Planeación de la ciudad en 2018. La sanción se basaba en la presunta comisión de faltas por culpa grave, vulnerando los principios de legalidad y moralidad pública, con ocasión a la expedición del Decreto 120 de 2016, a través del cual se ajustó y modificó el decreto 180 de 2006, que adoptó el “Plan parcial del suelo de expansión del sector de Algarra”, y la Circular 01 de 2016, documentos emitidos por ambos funcionarios durante su gestión. La Procuraduría consideró en primera instancia que estas actuaciones fueron irregulares y no cumplían con los requisitos legales en ese momento.
El abogado Briceño Torres, ejerciendo una defensa adecuada de los referidos funcionarios, logró en segunda instancia, ante la ‘Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular’ de la Procuraduría, demostrar que los funcionarios actuaron en el marco de la legalidad y que tanto el Decreto 120 de 2016 como la Circular 01 de 2016 fueron expedidos en legal y debida forma.
Gracias a esta defensa, la misma Procuraduría revocó la sanción impuesta en septiembre de 2023, estableciendo que las decisiones tomadas por el entonces alcalde Rodríguez Valbuena y de su secretario de Planeación fueron legales y ajustadas a las normativas vigentes en ese periodo.
Este fallo no solo es una victoria personal para los exfuncionarios, que demuestran que sus actuaciones fueron ajustadas a la ley, si no abre la puerta para que otros mandatarios, servidores públicos y funcionarios que hayan sido sancionados en primera instancia ante la Procuraduría, puedan por medio de una defensa adecuada y efectiva, obtener un fallo de segunda instancia más justo, inclusive como ocurrió en el presente caso, logrando que la misma institución revoque sus propias decisiones.
La defensa legal destacó que las decisiones del exalcalde y su secretario de Planeación fueron legales y se ajustaron al ordenamiento jurídico. Asimismo, subrayó que los abogados deben actuar con gallardía e intelecto hasta la última instancia para demostrar la inocencia de sus defendidos.
El fallo establece un precedente para la evaluación justa de funcionarios públicos en Colombia.
Foto portada: Abogado Juan Sebastián Briceño Torres