La protección de miles de hectáreas de tierra destinadas a producir alimentos volvió a estar en el centro de una discusión jurídica en Colombia. La Corte Constitucional determinó que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) pueden seguir existiendo, pero su declaración no puede hacerse sin tener en cuenta a los municipios donde se encuentran los terrenos.
La decisión, conocida el martes 10 de noviembre de 2026, llega en un momento particular: el Gobierno nacional acaba de anunciar que terminó de derogar las APPA que había declarado en diferentes regiones del país. Entre los territorios afectados están Cogua, Nemocón, Sopó, Tabio y Tenjo, cinco municipios de Sabana Centro donde 15.839 hectáreas habían sido incluidas en esta figura de protección.
Aunque podría parecer que la Corte y el Gobierno tomaron decisiones contrarias, no se trata exactamente de eso. Una cosa es que la ley permita proteger tierras agrícolas mediante las APPA y otra, distinta, es que las áreas declaradas anteriormente continúen vigentes.
¿Qué decidió la Corte y por qué importa para los municipios?
Para entender la discusión hay que partir de qué son las APPA. Se trata de áreas rurales identificadas por su importancia para la producción de alimentos. Su propósito es evitar que terrenos con capacidad agrícola pierdan esa función ante otros usos del suelo.
Estas áreas fueron incorporadas a la legislación colombiana mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo y modificó las reglas que deben tenerse en cuenta para organizar el territorio.
Sin embargo, su aplicación generó cuestionamientos sobre quién debía decidir el destino de esos terrenos: el Gobierno nacional o las autoridades municipales.
La discusión llegó a la Corte Constitucional, que mediante la Sentencia C-364 de 2026 mantuvo la validez de la figura, pero estableció condiciones para su aplicación.
Según la decisión divulgada, el Ministerio de Agricultura puede identificar y delimitar las áreas destinadas a proteger la producción de alimentos, pero debe hacerlo mediante procedimientos de información, coordinación y concertación con las autoridades de los municipios involucrados.
Esto significa que no basta con informar a una alcaldía sobre una decisión tomada desde Bogotá. Las administraciones municipales deben tener la oportunidad de presentar sus observaciones y propuestas, y estas deben ser examinadas y respondidas de manera motivada.
La Corte también precisó que el Ministerio no puede asumir la reglamentación detallada de los usos del suelo, una responsabilidad que corresponde a los concejos municipales y distritales.
En términos sencillos, el Gobierno nacional conserva la facultad de establecer estas áreas de protección, pero no puede hacerlo pasando por encima de las competencias que la Constitución reconoce a los municipios.
Las APPA fueron derogadas en 59 municipios del país
Mientras se conocía la decisión judicial, el Ministerio de Agricultura avanzaba en la eliminación de las declaratorias existentes.
El miércoles 11 de noviembre, la entidad informó que había concluido el proceso de derogatoria de las APPA en 59 municipios de seis departamentos, sobre una extensión cercana al millón de hectáreas.
La medida comprendió territorios de Cundinamarca, La Guajira, Antioquia, Córdoba, Tolima y Santander.
Según el Ministerio, una revisión realizada con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) identificó problemas en la información cartográfica utilizada para delimitar algunas áreas, dificultades para articular las declaratorias con los planes municipales de ordenamiento territorial y cuestionamientos relacionados con la participación de las comunidades.
Esos fueron los argumentos expuestos por el Gobierno para retirar las declaratorias. No obstante, determinar qué problemas se presentaron en cada municipio requiere revisar los estudios y las resoluciones correspondientes.
En el caso de Cundinamarca, la decisión se había tomado varias semanas antes.
El 5 de octubre de 2026, mediante la Resolución 000351, el Ministerio derogó las declaratorias que comprendían 15.839 hectáreas en Cogua, Nemocón, Sopó, Tabio y Tenjo.
Se trata de una extensión de suelo rural que había sido incluida en las APPA para preservar su destinación a la producción de alimentos.
Pero hay algo importante: retirar una declaratoria APPA no significa que esos terrenos queden automáticamente disponibles para construir viviendas, instalar industrias o desarrollar cualquier otra actividad.
Las restricciones ambientales, las normas de protección del suelo rural y los respectivos planes de ordenamiento territorial continúan aplicándose.
Por eso, la situación de cada predio depende también de las disposiciones que sigan vigentes en el municipio donde se encuentra.
¿Las 15.839 hectáreas de Sabana Centro volverán a ser APPA?
La reciente sentencia no significa que las áreas derogadas recuperen automáticamente esa condición.
La Corte examinó si la norma que permite declarar las APPA respeta la Constitución. No decidió, mediante ese pronunciamiento, si cada una de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Agricultura era legal o debía mantenerse vigente.
Por lo tanto, no puede afirmarse que la Sentencia C-364 de 2026 haya anulado la derogatoria de las 15.839 hectáreas de Sabana Centro.
Lo que sí establece la decisión es que la figura jurídica continúa existiendo y que su aplicación debe respetar la autonomía territorial.
Esto deja abierta la posibilidad legal de adelantar nuevas declaratorias, siempre que se cumplan los procedimientos y las condiciones exigidas.
Para los cinco municipios de Cundinamarca, la discusión no se limita entonces a lo ocurrido con las resoluciones anteriores. También plantea una pregunta sobre el futuro de los terrenos agrícolas: cómo se protegerán y qué participación tendrán las autoridades locales en las decisiones que afecten su destinación.
El Ministerio de Agricultura ha señalado que derogar las APPA no supone abandonar la protección del suelo rural ni la responsabilidad del Estado frente al derecho a la alimentación.
Sin embargo, aún está por establecerse qué mecanismos específicos se aplicarán en los territorios donde las declaratorias fueron retiradas.
Por ahora, las APPA siguen siendo una figura permitida por la Constitución, pero las declaratorias que cobijaban terrenos de Cogua, Nemocón, Sopó, Tabio y Tenjo fueron derogadas.
La sentencia no restablece automáticamente las áreas derogadas, pero permite nuevas declaratorias bajo las
condiciones constitucionales.
