El pasado domingo, 30 de agosto del 2026, en Zipaquirá (Cundinamarca) se aprobó en segundo debate la Política Pública de Protección y Bienestar Animal 2026-2036, un instrumento que definirá durante los próximos diez años la manera en que las autoridades locales atienden a perros, gatos y otras especies del municipio.
La decisión se tomó con 17 votos a favor y establece 25 estrategias respaldadas por un presupuesto proyectado de $15.849 millones.
El documento no se limita a un anuncio de inversión. Incluye compromisos en esterilización, educación en colegios y familias, atención al maltrato animal, incorporación de tecnología para el seguimiento de la población animal y mayor presencia institucional en barrios, veredas y corregimientos del municipio.
¿Qué contempla la política pública de bienestar animal aprobada en Zipaquirá?
Las estrategias definidas abarcan distintos frentes de acción. Entre las más relevantes se encuentran:
- Jornadas de esterilización orientadas a reducir la reproducción y el crecimiento de la población animal en condición de calle.
- Programas de educación en colegios públicos y privados, dirigidos también a las familias.
- Una ruta integral para la atención de casos de maltrato animal.
- Implementación del SIGBA, herramienta tecnológica para la gestión y el seguimiento de la población animal.
- Ampliación de la presencia institucional en barrios, veredas y corregimientos.
- Espacios de participación para la comunidad y las organizaciones animalistas.
- El conjunto de medidas busca que la respuesta institucional no dependa de campañas puntuales, sino de una planificación sostenida en el tiempo.
¿Por qué la esterilización y la educación son prioritarias?
Uno de los principales desafíos que enfrentan los municipios del país es el crecimiento de la población de animales en condición de calle. Por esa razón, las jornadas de esterilización ocupan un lugar central dentro de la política: la intervención sobre la reproducción es la vía que las autoridades identifican como más efectiva para reducir progresivamente los casos de abandono.
A la par, la política pone énfasis en la educación. La formación dirigida a estudiantes y familias busca fortalecer una cultura de tenencia responsable, con contenidos que lleguen tanto a colegios como a hogares en zonas urbanas y rurales. La intención es intervenir antes de que se presenten los casos de abandono o maltrato, y no únicamente después de que ocurren.
¿Qué papel cumplirá la tecnología en el seguimiento de los animales?
La política incorpora el SIGBA como herramienta para organizar la información relacionada con la población animal del municipio. Su implementación busca apoyar la planificación de jornadas, la identificación de necesidades por sector y la orientación de los recursos disponibles.
El aporte de esta herramienta dependerá de que la información recogida se traduzca en decisiones concretas de gestión, más allá de servir como un registro estadístico.
Las acciones no se concentrarán en el casco urbano. La política incluye una mayor presencia institucional en barrios, veredas y corregimientos, lo que amplía su alcance territorial en un municipio con dinámicas tanto urbanas como rurales.
A esto se suma la participación de organizaciones animalistas y de la comunidad, prevista como un mecanismo de colaboración entre la ciudadanía y las autoridades encargadas de ejecutar las estrategias.
¿Qué sigue tras la aprobación?
La aprobación en segundo debate da el inicio de la etapa de implementación, que representa el mayor desafío del proceso. La política deberá traducirse en resultados verificables: jornadas de esterilización realizadas, animales atendidos, actividades educativas ejecutadas, casos de maltrato resueltos y uso efectivo de los recursos proyectados.
La decisión se tomó con 17 votos a favor y establece 25 estrategias respaldadas por un presupuesto proyectado de $15.849 millones.
