La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) información sobre las decisiones adoptadas para garantizar la continuidad de su administración fiduciaria, ante el vencimiento contractual señalado para el próximo 31 de octubre de 2026 y las dificultades presupuestales que enfrenta el componente de salud.
El requerimiento busca establecer qué medidas se han previsto para asegurar el funcionamiento del Fondo a partir del 1 de noviembre, sin comprometer la atención médica de los docentes y sus beneficiarios ni los procesos relacionados con el reconocimiento y pago de sus prestaciones económicas.
Persiste un faltante presupuestal para la atención en salud
La situación financiera constituye otro motivo de preocupación. El pasado 2 de octubre, el Consejo Directivo del FOMAG aprobó trasladar $859.000 millones del presupuesto de pensiones al de salud, con lo que los recursos destinados a este último componente aumentaron de aproximadamente $3,7 billones a $4,6 billones.
Sin embargo, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Educación Nacional, el déficit inicialmente estimado para 2026 ascendía a $2,7 billones. Descontado el traslado aprobado, el faltante calculado se sitúa alrededor de $1,84 billones, sujeto a las actualizaciones presupuestales correspondientes.
Ante este panorama, la Procuraduría requirió información sobre las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recursos adicionales solicitados, el estado de los trámites y las alternativas previstas si la financiación requerida no se obtiene oportunamente.
Seguimiento a la continuidad del FOMAG
El organismo de control también pidió conocer las decisiones relacionadas con la continuidad del contrato fiduciario y las medidas administrativas, contractuales y financieras contempladas para evitar interrupciones en el funcionamiento del Fondo.
La actuación tiene carácter preventivo y busca anticipar posibles afectaciones a los derechos de los afiliados, particularmente en el acceso oportuno a los servicios de salud y el cumplimiento de las obligaciones prestacionales.
La información solicitada permitirá establecer qué acciones han adelantado las entidades responsables frente a dos asuntos que requieren atención antes de finalizar octubre: la continuidad de la administración fiduciaria y la disponibilidad de recursos para financiar la atención en salud del magisterio durante el resto de 2026.
Derechos de los docentes: La vigilancia preventiva busca proteger la atención médica y las prestaciones ante dificultades administrativas y financieras.
