Debajo de buena parte de la Sabana de Bogotá existe un recurso natural que no se observa a simple vista, pero que tiene una importancia considerable para el abastecimiento de agua, las actividades agropecuarias, la industria y el equilibrio ambiental del territorio: las aguas subterráneas. Su protección adquiere especial relevancia en una región donde el crecimiento urbano, las actividades productivas y la transformación del suelo plantean nuevos desafíos para la gestión del recurso hídrico.
En este contexto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el marco de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Bogotá, inició la formulación del Plan de Manejo Ambiental de los Sistemas Acuíferos de la Sabana de Bogotá (PMAA), correspondiente a las cuencas alta y media del río Bogotá.
De acuerdo con el documento técnico de presentación del proyecto, el área de estudio comprende 429.191 hectáreas, distribuidas entre jurisdicciones de diferentes autoridades ambientales. El proceso busca construir una base de conocimiento hidrogeológico que permita orientar la conservación, administración y aprovechamiento sostenible de las aguas subterráneas.
El anuncio es relevante para Sabana Centro, donde municipios como Zipaquirá, Chía, Cajicá, Cogua, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Nemocón, Tabio y Tenjo forman parte del territorio contemplado en la investigación.
No obstante, es importante precisar que el proyecto se encuentra en proceso de formulación. El documento no presenta todavía resultados concluyentes sobre la disponibilidad de agua subterránea, el agotamiento de acuíferos o la contaminación de pozos específicos. Esos aspectos deberán examinarse mediante los estudios técnicos previstos.
Un estudio que comprende desde el nacimiento del río Bogotá hasta los corredores urbanos e industriales
La delimitación presentada por la CAR abarca territorios con características ambientales y económicas diferentes. En la cuenca alta se encuentran ecosistemas de montaña, páramos y zonas de recarga hídrica, mientras que en la cuenca media predominan sectores con una importante presencia urbana, industrial, agropecuaria y logística.
El documento identifica 20 municipios en la cuenca alta: Tausa, Cogua, Zipaquirá, Tabio, Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, La Calera, Sopó, Guasca, Guatavita, Tocancipá, Sesquilé, Gachancipá, Nemocón, Suesca, Cucunubá, Chocontá y Villapinzón.
En la cuenca media incluye nueve municipios: Bojacá, Funza, Madrid, Mosquera, El Rosal, Sibaté, Soacha, Subachoque y Facatativá, además de sectores de Bogotá bajo la delimitación ambiental correspondiente.
Uno de los territorios de especial importancia es el entorno del páramo de Guacheneque, asociado al nacimiento del río Bogotá. El documento destaca la función de los ecosistemas de páramo y subpáramo en las áreas de recarga del sistema acuífero.
Estas zonas son relevantes porque determinadas formaciones geológicas permiten la infiltración del agua lluvia y su circulación hacia depósitos subterráneos. Sin embargo, la recarga efectiva depende de factores como la permeabilidad del terreno, las condiciones geológicas, la cobertura vegetal y el régimen de precipitaciones.
Por ello, la identificación precisa de las áreas de recarga, tránsito y descarga constituye uno de los trabajos técnicos contemplados en el PMAA.
¿Qué se sabe sobre las presiones que enfrentan las aguas subterráneas?
La formulación del nuevo plan no parte de un territorio completamente desconocido. La CAR dispone de estudios anteriores que permiten identificar antecedentes de presión sobre los acuíferos de la Sabana.
Uno de ellos, denominado Plan de Manejo Ambiental de Agua Subterránea en la Sabana de Bogotá y Zona Crítica, documentó problemas relacionados con la extracción intensiva de agua, especialmente en el occidente de la región.
El estudio señaló que la creciente demanda de agua para actividades productivas, junto con el deterioro de algunas fuentes superficiales, había favorecido la perforación de pozos para aprovechar depósitos subterráneos.
También reportó descensos importantes en los niveles piezométricos de determinados sistemas acuíferos. En algunos sectores occidentales registró abatimientos del orden de 60 a 120 metros durante periodos de 20 a 30 años. Estos datos corresponden a observaciones históricas recogidas en ese estudio y no deben interpretarse como mediciones actuales ni extrapolarse a toda la Sabana.
La información evidencia por qué es necesario actualizar el conocimiento sobre estos sistemas: un acuífero puede almacenar cantidades considerables de agua y, aun así, presentar problemas cuando las extracciones superan su capacidad de recuperación durante periodos prolongados.
Además, la presión sobre el recurso no se limita al volumen extraído. La infiltración de sustancias contaminantes, la transformación de los suelos y las alteraciones de las zonas de recarga pueden comprometer la calidad o disponibilidad del agua.
El nuevo diagnóstico deberá establecer cuáles de estas presiones se presentan actualmente, en qué lugares y con qué magnitud.
Más de 429.000 hectáreas bajo cuatro jurisdicciones ambientales
El documento técnico permite dimensionar la extensión y complejidad administrativa del proyecto.
Área total de estudio
429.191 ha
Municipios comprendidos
29
Además de sectores de Bogotá
Distribución territorial por autoridad ambiental
La mayor extensión corresponde a la jurisdicción de la CAR, con 369.641 hectáreas. Le siguen la Secretaría Distrital de Ambiente, con 38.399; Corpoguavio, con 20.905, y Corporinoquia, con 246 hectáreas.
Esta distribución demuestra que el manejo de las aguas subterráneas requiere coordinación entre distintas autoridades. Los sistemas acuíferos no necesariamente coinciden con los límites municipales o administrativos, y sus procesos de recarga y circulación pueden involucrar varios territorios.
La participación de Bogotá resulta igualmente relevante porque el funcionamiento hidrogeológico regional exige considerar las relaciones entre las áreas rurales, los sectores urbanizados y las formaciones geológicas compartidas.
La CAR proyecta ampliar a 29 pozos su red de monitoreo
Otro antecedente que permite comprender la importancia del PMAA es el fortalecimiento de la infraestructura de seguimiento de las aguas subterráneas.
En diciembre de 2025, la CAR anunció una inversión superior a 31.000 millones de pesos para ampliar su red de monitoreo piezométrico. Según la entidad, contaba entonces con 15 pozos instrumentados y proyectaba construir otros 14 hasta alcanzar 29 al finalizar 2026.
La iniciativa contempla municipios como Gachancipá, La Calera, Nemocón, Sesquilé, Sopó, Suesca y Tocancipá.
Los pozos piezométricos son instalaciones que permiten observar el comportamiento de los niveles de agua subterránea. Sus mediciones ayudan a identificar variaciones asociadas a la extracción, la recarga y las condiciones hidrogeológicas.
La existencia de una red de monitoreo es importante porque la evaluación de un acuífero no puede depender únicamente de mediciones aisladas. Se necesitan registros comparables durante periodos suficientemente amplios para distinguir fluctuaciones naturales de cambios que podrían estar asociados a presiones humanas.
La meta anunciada para 2026 constituye un compromiso institucional; las fuentes consultadas no permiten confirmar que los 29 pozos ya se encuentren construidos y operativos.
¿Cómo se realizará el estudio de los acuíferos?
El documento de formulación describe tres grandes fases, cada una con funciones específicas.
Primera fase: aprestamiento. Comprende la conformación de un equipo multidisciplinario, la recopilación de estudios anteriores, el análisis de cartografía y la identificación de actores sociales, económicos e institucionales. También incluye la preparación de estrategias de participación y comunicación.
Segunda fase: diagnóstico. Es una de las etapas de mayor importancia técnica. Contempla construir un modelo hidrogeológico conceptual, es decir, una representación de cómo están constituidos los sistemas acuíferos, por dónde circula el agua, cómo se recargan y qué relaciones mantienen con otros componentes del ambiente.
Para ello se prevén evaluaciones geológicas, geofísicas, hidrológicas, hidroquímicas e hidráulicas, además del inventario de fuentes y usuarios de aguas subterráneas.
Este trabajo deberá aportar información para conocer tanto la cantidad de agua disponible como sus características de calidad, los usos existentes y las condiciones de vulnerabilidad.
Tercera fase: formulación. Con los resultados del diagnóstico se establecerán líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades. El documento dispone que las acciones deberán contar con objetivos, metas medibles, indicadores, responsables y mecanismos de seguimiento.
Este enfoque es importante porque la formulación de un plan ambiental no debería terminar en la producción de estudios. Su utilidad dependerá de que los hallazgos se traduzcan en decisiones verificables y actuaciones institucionales.
¿Qué implicaciones podría tener para Zipaquirá, Chía, Cajicá y los demás municipios de Sabana Centro?
Para los municipios de Sabana Centro, el interés del proyecto va más allá de la investigación geológica.
La información resultante podría contribuir a identificar zonas especialmente sensibles para la recarga de los acuíferos, orientar el seguimiento de las captaciones subterráneas y establecer criterios ambientales para decisiones relacionadas con el uso del suelo.
En municipios que experimentan transformaciones urbanas, expansión de actividades económicas y cambios en sus territorios rurales, disponer de información sobre los sistemas acuíferos puede ser importante para evaluar la compatibilidad entre determinados usos del suelo y la protección del agua.
Por ejemplo, la delimitación de un área de recarga podría aportar elementos técnicos para examinar las implicaciones ambientales de nuevas intervenciones. De igual manera, un diagnóstico que identifique presiones sobre un acuífero podría orientar medidas de monitoreo, prevención o administración del recurso.
Sin embargo, la inclusión de un municipio dentro del área de estudio no significa que todo su territorio vaya a quedar sometido a nuevas restricciones, ni que se haya determinado una situación de agotamiento de sus aguas subterráneas.
Esas conclusiones requieren información técnica específica, procedimientos administrativos y decisiones de las autoridades competentes.
El plan y su relación con el ordenamiento territorial
Uno de los aspectos de mayor trascendencia es la eventual articulación de los resultados con los instrumentos de planificación territorial.
El Decreto 1076 de 2015 regula los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos y establece que las autoridades ambientales deben formularlos de acuerdo con los criterios de priorización correspondientes.
La norma también contempla que, una vez aprobado el plan y en las condiciones previstas legalmente, los municipios tengan en cuenta sus disposiciones al elaborar, ajustar y adoptar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
Esto abre una dimensión importante para el debate regional: la gestión de las aguas subterráneas puede incidir en la manera como se planifica el territorio, particularmente cuando se identifiquen áreas de especial importancia hidrogeológica.
El proceso también tiene relación con el Decreto 0545 del 29 de mayo de 2026, mencionado en una comunicación publicada por el portal oficial de Bogotá el 15 de septiembre de este año, que aborda directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.
No obstante, deben distinguirse los alcances de cada instrumento. La formulación del PMAA no equivale, por sí misma, a la modificación automática de los Planes de Ordenamiento Territorial ni a la imposición inmediata de prohibiciones sobre predios particulares.
La participación ciudadana será determinante
El documento contempla identificar y caracterizar a los actores involucrados, elaborar un mapa de participantes y diseñar estrategias de comunicación y participación.
Este componente puede resultar particularmente importante para comunidades rurales, usuarios de pozos, acueductos, productores agropecuarios, empresas y organizaciones ambientales.
Su participación podría aportar información sobre captaciones existentes, dificultades de abastecimiento, cambios percibidos en los niveles de agua y posibles conflictos por el aprovechamiento del recurso.
Sin embargo, los testimonios y las observaciones ciudadanas deberán contrastarse con mediciones y análisis especializados para determinar sus causas.
La metodología nacional de los PMAA, desarrollada por el Ministerio de Ambiente, reconoce la participación social como parte del proceso de identificación de problemas y construcción de medidas de manejo.
Los interrogantes que todavía deben resolverse
Aunque el documento permite conocer la extensión territorial y la estructura técnica del proyecto, deja aspectos importantes que deberán aclararse durante su desarrollo.
Entre ellos se encuentran el cronograma definitivo, el presupuesto específico de la formulación, los contratos asociados, el número actualizado de captaciones inventariadas y las fechas previstas para presentar resultados por municipio.
Tampoco se aportan cifras actuales y consolidadas sobre el volumen de agua subterránea extraída en cada localidad, los niveles de recarga o las zonas que eventualmente presentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
La disponibilidad pública de estos datos será fundamental para que las comunidades puedan conocer la situación de sus territorios y evaluar las medidas que se propongan.
Una decisión ambiental con efectos a largo plazo
El Plan de Manejo Ambiental de los Sistemas Acuíferos de la Sabana (PMAA) representa un esfuerzo de planificación sobre un recurso que, a diferencia de los ríos y embalses, permanece en gran medida fuera de la percepción cotidiana de la población.
Su importancia radica en la posibilidad de conocer mejor las reservas subterráneas, establecer sus condiciones de aprovechamiento y prevenir deterioros que pueden ser difíciles de revertir.
Para Sabana Centro y el conjunto de la región, el desafío no consiste solamente en identificar cuánta agua existe bajo el suelo, sino en comprender cómo se renueva, qué actividades pueden afectarla y cuáles son las medidas necesarias para conservarla.
La utilidad del proyecto dependerá de la calidad de los estudios, la transparencia de los resultados, la participación de las comunidades y la capacidad de las autoridades para convertir los diagnósticos en medidas efectivas.
La protección de las aguas subterráneas de la Sabana de Bogotá comienza por conocer con precisión su estado y reconocer que las decisiones tomadas sobre la superficie también pueden afectar el agua que circula debajo de ella.
Descensos en aguas subterráneas: Estudios anteriores de la CAR registraron caídas de entre 60 y 120 metros en sectores del occidente de la Sabana.
