Más de 17.000 personas con discapacidad fueron identificadas como residentes permanentes en instituciones de salud y centros de larga estancia en Colombia, mientras miles de personas mayores continúan expuestas a situaciones de abandono y negligencia, según un informe elaborado conjuntamente por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Defensoría del Pueblo.
El documento, titulado “Radiografía del abandono y la institucionalización prolongada de personas adultas mayores y con discapacidad”, analiza las condiciones de quienes permanecen durante largos periodos en hospitales, centros psiquiátricos y establecimientos de larga estancia debido, entre otros factores, a la ausencia de redes familiares, comunitarias o institucionales que faciliten su egreso y permitan garantizarles una vida digna en comunidad.
El estudio fue elaborado en cumplimiento de la orden decimoquinta de la Sentencia SU-367 de 2025 de la Corte Constitucional y recoge información relacionada con la situación de esta población en diferentes territorios del país.
Más de 17.000 personas con discapacidad permanecen institucionalizadas en Colombia
De acuerdo con las cifras recopiladas, entre junio de 2020 y febrero de 2026 fueron identificadas 17.362 personas con discapacidad que permanecían como residentes permanentes en instituciones. De ellas, 12.184 no cuentan con ninguna red de apoyo, una circunstancia que dificulta los procesos de egreso y aumenta el riesgo de institucionalización prolongada.
La situación también afecta de manera significativa a las personas mayores. Entre 2022 y 2025 fueron registradas 10.942 notificaciones relacionadas con negligencia y abandono, cifra que representa un incremento acumulado del 87 % durante ese periodo.
Los reportes entregados por las administraciones municipales también evidencian la dimensión territorial de la problemática. Según el informe, las alcaldías identificaron al menos 12.450 personas con discapacidad psicosocial y 7.891 personas mayores institucionalizadas en condición de abandono.
Abandono y falta de redes de apoyo agravan la permanencia en instituciones
El análisis advierte que permanecer indefinidamente en una institución no debería convertirse en la única alternativa para quienes carecen de apoyo familiar o de servicios adecuados en sus comunidades.
Entre las principales dificultades detectadas se encuentran la insuficiencia de recursos, la limitada oferta de servicios de cuidado, las deficiencias en la articulación entre entidades, las desigualdades existentes entre territorios y la ausencia de un sistema integrado de información que permita hacer seguimiento oportuno a cada caso.
Procuraduría y Defensoría piden fortalecer las políticas de cuidado y atención
Ante este panorama, el Ministerio Público recomendó fortalecer las políticas públicas de cuidado, ampliar los servicios de apoyo y establecer rutas de atención articuladas entre las diferentes instituciones responsables.
Las entidades también plantearon la necesidad de avanzar hacia modelos que favorezcan la autonomía, la inclusión y la permanencia de las personas mayores y con discapacidad en entornos comunitarios, evitando que la institucionalización prolongada se convierta en la respuesta automática frente a la ausencia de alternativas familiares, sociales o estatales.
El informe pone así sobre la mesa una problemática que trasciende la atención médica: garantizar que las personas mayores y con discapacidad puedan vivir con dignidad, recibir los apoyos que requieren y conservar, en la medida de sus posibilidades, su autonomía y sus vínculos con la comunidad.
El informe recomienda ampliar los servicios de apoyo
y fortalecer las rutas de atención para favorecer la autonomía
y la vida en comunidad.
