Las personas con discapacidad en Colombia cuentan hoy con un marco normativo más amplio que hace algunos años. Sin embargo, la existencia de nuevas leyes y programas aún no se refleja plenamente en mejoras estructurales que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos.
Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe de la Contraloría General de la República, elaborado por la Delegada para Población Focalizada, en el que se analizó el estado de la política pública de discapacidad durante el periodo comprendido entre 2022 y 2025.
El documento reconoce avances en la consolidación de normas, programas e instrumentos institucionales orientados a la inclusión de las personas con discapacidad (PcD), pero advierte que continúan existiendo dificultades relacionadas con la gobernanza, la ejecución de recursos, la articulación institucional y la garantía efectiva de derechos fundamentales.
Un marco legal más amplio, pero con dificultades para su aplicación
De acuerdo con el informe, entre 2022 y 2025 fueron aprobadas 14 leyes relacionadas con educación inclusiva, accesibilidad, inclusión laboral, salud, protección social, fortalecimiento de derechos y apoyo a cuidadores.
La Contraloría considera que este conjunto normativo representa un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. No obstante, señala que varias de estas disposiciones aún no cuentan con la reglamentación necesaria para su implementación o presentan niveles desiguales de aplicación en distintas regiones del país.
Esta situación genera diferencias significativas entre territorios, lo que limita el alcance real de las medidas adoptadas y dificulta que los beneficios lleguen de manera efectiva a toda la población objetivo.
Los cambios institucionales han afectado la continuidad de la política pública
Uno de los aspectos que más preocupa al organismo de control es la inestabilidad institucional que ha rodeado la dirección de la política pública de discapacidad en los últimos años.
Según la Contraloría, la responsabilidad de liderar esta política ha pasado por varias entidades gubernamentales en un corto periodo de tiempo. Inicialmente estuvo bajo la coordinación del Ministerio de Salud, luego fue trasladada al Ministerio del Interior, posteriormente a la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad y finalmente al Ministerio de Igualdad y Equidad, creado en 2023.
Para el ente de control, estos cambios han generado dificultades en la planeación de largo plazo, la coordinación interinstitucional, el seguimiento de metas y la evaluación de resultados.
La situación adquiere una dimensión adicional debido a la incertidumbre generada por la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley mediante la cual fue creado el Ministerio de Igualdad y Equidad.
Posible desaparición del Ministerio de Igualdad genera incertidumbre
De mantenerse el calendario establecido tras el fallo de la Corte Constitucional, el Ministerio de Igualdad y Equidad dejaría de existir a partir del 20 de julio de 2026.
La Contraloría advierte que este escenario podría afectar la continuidad de la rectoría de la política pública de discapacidad y retrasar la formulación e implementación de nuevas acciones dirigidas a esta población.
Además, señala que existe incertidumbre sobre el futuro institucional de entidades que desempeñan funciones fundamentales en materia de inclusión y garantía de derechos, entre ellas el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La definición de la entidad que asumirá estas responsabilidades será determinante para evitar interrupciones en programas y servicios dirigidos a millones de colombianos.
Contraloría cuestiona el seguimiento a los recursos destinados a discapacidad
Otro de los hallazgos relevantes del informe está relacionado con el manejo y monitoreo de los recursos públicos destinados a la población con discapacidad.
Según la entidad, actualmente no existe una trazabilidad presupuestal suficientemente robusta que permita conocer con precisión cuánto se invierte, dónde se ejecutan los recursos y cuáles son los resultados obtenidos.
La ausencia de esta información dificulta las labores de control fiscal, limita la rendición de cuentas y restringe la posibilidad de adoptar decisiones basadas en evidencia.
Para la Contraloría, fortalecer los mecanismos de seguimiento presupuestal es indispensable para garantizar que los recursos asignados lleguen efectivamente a las personas que requieren atención y acompañamiento del Estado.
Preocupa la baja ejecución de un proyecto que beneficiaría a más de 2,8 millones de personas
El informe también pone la atención sobre el proyecto denominado “Mejoramiento de las Condiciones de Accesibilidad Socioeconómica de la Población con Discapacidad”, liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad.
Esta iniciativa contó con una asignación de 38.494 millones de pesos para los años 2024 y 2025 y estaba orientada a beneficiar aproximadamente a 2.847.000 personas.
Sin embargo, la Contraloría encontró que la ejecución acumulada alcanzó apenas el 17 % de los recursos disponibles.
Las cifras muestran que durante 2024 se ejecutó únicamente el 23 % del presupuesto asignado, mientras que en 2025 el porcentaje descendió a apenas el 1 %.
Para el organismo de control, estos niveles de ejecución ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos planteados y reducen el impacto esperado de las inversiones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria.
Empleo, certificación y accesibilidad siguen siendo desafíos pendientes
El análisis realizado por la Contraloría con base en información del Departamento Nacional de Planeación (DNP) identifica avances en diversos frentes, pero también evidencia brechas persistentes que continúan limitando la inclusión plena de las personas con discapacidad.
Entre los principales desafíos se encuentran la vinculación laboral, la certificación de la discapacidad, la intermediación y colocación a través del Sistema Público de Empleo, el acceso a procesos de formación profesional y la prestación de servicios accesibles.
Estos factores tienen una incidencia directa sobre las oportunidades de participación económica y social de millones de colombianos que enfrentan barreras físicas, tecnológicas, comunicativas y administrativas.
El reto de convertir las normas en resultados concretos
La evaluación realizada por la Contraloría concluye que Colombia ha logrado fortalecer de manera importante su marco legal en materia de discapacidad durante los últimos años. Sin embargo, considera que la existencia de leyes, programas y entidades no es suficiente si estos instrumentos no se traducen en mejoras reales para la población.
El organismo sostiene que la consolidación de una institucionalidad estable, una política pública articulada, mecanismos efectivos de seguimiento y una inversión sostenida serán elementos fundamentales para garantizar que las personas con discapacidad participen en igualdad de condiciones en la vida social, económica y política del país.
Mientras se define el futuro institucional de varias entidades y persisten interrogantes sobre la ejecución de recursos, el desafío para el Estado colombiano será convertir los avances normativos en acciones concretas que impacten de manera efectiva la calidad de vida de millones de ciudadanos.
Un proyecto de $38.494 millones destinado a mejorar la accesibilidad socioeconómica apenas alcanzó una ejecución acumulada del 17 %.
