El presidente de la República Gustavo Petro publicó este martes un extenso mensaje en sus redes sociales en el que denunció presuntas amenazas contra activistas del progresismo en Zipaquirá, al norte de Cundinamarca, y alertó sobre lo que describió como una campaña masiva de intimidación dirigida a sindicalistas, docentes y estudiantes universitarios en todo el país. El mandatario solicitó de manera explícita a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación que actúen de forma inmediata.
Según Petro, los hechos en Zipaquirá hacen parte de un patrón más amplio que incluye también amenazas físicas en Bogotá contra Claudia Romero, representante electa por el Pacto Histórico, a quien se le habría enviado coronas fúnebres a su residencia. El mandatario señaló que, en el contexto electoral actual, estas conductas constituyen delitos y exigió que la institucionalidad responda con contundencia.
¿Qué ocurrió con los activistas en Zipaquirá?
El presidente no entregó detalles adicionales sobre la naturaleza exacta de las amenazas en Zipaquirá, pero las enmarcó dentro de una cadena de hechos violentos e intimidatorios que, según su denuncia, estarían siendo coordinados contra militantes y simpatizantes de movimientos políticos de izquierda en el país. En su mensaje, Petro vinculó estos episodios locales con lo que calificó como una avalancha de intimidaciones que circula por redes sociales y correos electrónicos.
La mención directa a Zipaquirá en el pronunciamiento presidencial cobra especial relevancia en un municipio que ha sido escenario de movilización política activa, y donde organizaciones sociales y de base han tenido presencia en los últimos ciclos electorales.
¿Cuál es el alcance de la campaña de amenazas que denuncia Petro?
Más allá de los casos puntuales, el mandatario describió el envío masivo de mensajes intimidatorios a nombre de lo que identificó como una campaña organizada. Según sus palabras, estas comunicaciones estarían llegando a miles de estudiantes en universidades, así como a maestros, maestras y sindicalistas a través de correos institucionales y perfiles personales en redes sociales.
Petro instó a la Fiscalía a utilizar sus herramientas informáticas para identificar el origen real de estas amenazas y capturar a quienes las financian y ejecutan. También hizo un llamado directo a los propietarios de plataformas digitales y operadores de telecomunicaciones, en cualquier parte del mundo, para que suspendan lo que calificó como una operación de constricción al voto, señalando que dicha conducta constituye un delito bajo la legislación colombiana.
¿Qué otras denuncias incluyó el presidente en su mensaje?
En el mismo pronunciamiento, Petro identificó públicamente a un individuo al que señaló como presunto urbanizador ilegal en Ciudad Bolívar y posible jefe de una banda criminal, a quien acusó de amenazar a Claudia Romero desde una motocicleta, cerca de un CAI en Bogotá. También se refirió a otro caso ocurrido en el Parkway, en el que una persona sacó un arma de fuego ante activistas políticos. Según el presidente, el porte de armas está prohibido para civiles en época electoral, por lo que exigió investigación penal.
Petro también abordó el contexto político más amplio, rechazando lo que describió como una campaña de desinformación que busca señalar a un candidato presidencial como guerrillero sin fundamento. Aprovechó el espacio para referirse al ELN, señalando que ese grupo ha renunciado a la paz, y para reiterar que las FARC firmaron un acuerdo de paz, aunque reconoció la existencia de disidencias.
El mandatario señaló que, en el contexto electoral actual, estas conductas constituyen delitos y exigió que la institucionalidad responda con contundencia.
