Bogotá volvió a quedar atrapada entre el derecho a la protesta y la movilidad urbana. Las manifestaciones adelantadas por recicladores y carreteros, que derivaron en bloqueos, desvíos y fuertes restricciones en distintos corredores viales, activaron una intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que decidió entrar a acompañar de manera directa el manejo institucional del conflicto.
La medida incluye recomendaciones formales dirigidas al alcalde mayor Carlos Fernando Galán Pachón y la conformación de una Agencia Especial, con el objetivo de vigilar la actuación de las autoridades distritales y prevenir una mayor escalada de tensión social en la capital.
Protestas que desbordaron la movilidad
Durante las jornadas de protesta, la ciudad experimentó congestión prolongada, afectaciones al transporte público y dificultades para peatones y conductores. Los bloqueos parciales y totales alteraron la operación de TransMilenio, generando retrasos que impactaron a miles de usuarios que dependen a diario del sistema para llegar a sus trabajos, centros educativos y servicios de salud.
Este escenario puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites del ejercicio de la protesta social, cuando sus efectos recaen de manera directa sobre derechos colectivos como la movilidad, la seguridad y el acceso oportuno al trabajo.
El decreto que detonó la inconformidad
En el trasfondo de la situación está la aplicación del Decreto Distrital 014 de 2023, norma mediante la cual la administración local regula el ejercicio del reciclaje en Bogotá. El decreto busca mejorar el manejo de residuos sólidos, reducir riesgos sanitarios, mitigar impactos ambientales y ordenar el uso del espacio público.
Sin embargo, la implementación de estas disposiciones generó inconformidad entre sectores del reciclaje y el transporte informal, que advierten dificultades operativas y reclaman ajustes en la forma como se está ejecutando la regulación. Esa tensión terminó trasladándose a las calles, con consecuencias visibles para la movilidad urbana.
Ante este panorama, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social resolvió intervenir con fundamento en el Artículo 277 de la Constitución Política y el Decreto Ley 262 de 2000. Como resultado, se ordenó la creación de una Agencia Especial, encabezada por un procurador judicial, que participará en las mesas convocadas por el Distrito.
La función de esta Agencia será actuar como garante constitucional, verificar que las decisiones administrativas se ajusten al marco legal y contribuir a la prevención de escenarios de confrontación que puedan agravar el conflicto social.
El llamado a equilibrar derechos
El ente de control fue enfático en señalar que la protesta social es un derecho fundamental que debe ser protegido, pero subrayó que su ejercicio no puede desconocer los derechos de los demás ciudadanos. Movilidad, acceso al trabajo, salud y seguridad deben ser tenidos en cuenta en cualquier estrategia de manejo del orden público.
Por ello, la Procuraduría recomendó adoptar medidas inmediatas, proporcionales y diferenciadas que permitan gestionar la situación sin afectar de manera desmedida a la población.
Diálogo, movilidad y aplicación gradual
Entre las recomendaciones formuladas se destacan la instalación de mesas de diálogo permanentes con representantes de recicladores y carreteros, orientadas a la construcción de acuerdos sostenibles; la habilitación de corredores de movilidad y ventanas de paso que eviten bloqueos totales en las principales vías; y la aplicación gradual y pedagógica del decreto, con enfoque social y diferencial.
A esto se suma el fortalecimiento de los protocolos distritales de atención a la protesta social, garantizando el respeto por los derechos humanos y el principio de proporcionalidad en el uso de la autoridad.
La intervención de la Procuraduría busca encauzar la coyuntura hacia salidas institucionales que reduzcan el impacto sobre la ciudad y permitan avanzar en soluciones concertadas, en un momento en el que Bogotá enfrenta el reto de conciliar orden público, inclusión social y funcionamiento urbano.
La intervención se da tras la aplicación del Decreto Distrital 014 de 2023 que regula el oficio del reciclaje.
