El proceso judicial que rodea el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio un giro de alto impacto político y judicial. Los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, quienes fueron integrantes del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones en su contra por presunta corrupción.
La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, quien, tras analizar los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y las condiciones jurídicas del proceso, ordenó la reclusión de los exfuncionarios, descartando la posibilidad de una medida menos restrictiva.
Los delitos imputados y la postura de los procesados
La determinación se conoció este jueves 18 de diciembre, luego de una extensa audiencia en la que la Fiscalía imputó a Bonilla y Velasco los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Durante la diligencia, ambos exministros rechazaron los señalamientos, se declararon inocentes y manifestaron que ejercerán su defensa para demostrar su no responsabilidad penal.
Uno de los puntos centrales de la decisión judicial fue la discusión sobre el tipo de medida de aseguramiento. Aunque el ente acusador había solicitado inicialmente prisión domiciliaria, la magistrada Rosero Baquero concluyó que la Fiscalía no expuso de manera suficiente los fundamentos legales que justificaran ese beneficio. En consecuencia, optó por modificar la solicitud y ordenar el traslado de los procesados a un establecimiento penitenciario, al considerar que se cumplían los presupuestos legales para una medida más severa.
El presunto entramado de corrupción revelado por la Fiscalía
Durante la audiencia, la Fiscalía detalló lo que calificó como un presunto entramado de corrupción de alto nivel, estructurado desde el interior del Estado. Según la hipótesis del ente investigador, el esquema habría tenido como propósito asegurar apoyos políticos en el Congreso, mediante la entrega de contratos y recursos públicos, a cambio de votos favorables para proyectos legislativos impulsados por el actual gobierno.
En esa estructura, Bonilla y Velasco serían señalados como piezas centrales de coordinación, encargadas de articular decisiones administrativas, manejo de recursos y contactos políticos, en un modelo que, de acuerdo con la investigación, desdibujó los límites entre la gestión pública y los intereses indebidos.
Un caso con impacto institucional y político
El caso de la UNGRD ha generado una profunda sacudida institucional. Más allá de las cifras del presunto desfalco, el proceso toca uno de los ejes más sensibles del Estado: la destinación de recursos para la atención de emergencias y desastres, áreas concebidas para proteger a comunidades vulnerables y responder a crisis humanitarias.
Mientras el proceso avanza, el expediente se consolida como uno de los más observados del panorama judicial colombiano, tanto por la jerarquía de los implicados como por sus posibles repercusiones políticas. Será ahora la justicia la encargada de determinar si los elementos presentados por la Fiscalía derivan en responsabilidades penales individuales o si las defensas logran desvirtuar las acusaciones.
Por lo pronto, la decisión del Tribunal marca una nueva etapa en un caso que mantiene bajo escrutinio público la relación entre poder político, contratación estatal y control de los recursos destinados a la gestión del riesgo en Colombia.
La magistrada Aura Rosero Baquero descartó la prisión
domiciliaria y ordenó reclusión en establecimiento penitenciario.
