La alerta vuelve a encenderse en Cundinamarca. La Contraloría departamental reveló un avance del capítulo sobre asbesto que hará parte del Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente – Vigencia 2024, documento que será divulgado a finales de diciembre.
El adelanto evidencia que, a pesar de la prohibición nacional contemplada en la Ley 1968 de 2019, aún existen estructuras, tanques y canales fabricados con este material en varias provincias del territorio, lo que mantiene abiertas preocupaciones sanitarias y ambientales que se extienden desde lo urbano hasta lo rural.
Los datos analizados muestran una distribución desigual de los pasivos ambientales asociados al asbesto, situación que incrementa la vulnerabilidad de comunidades expuestas desde hace décadas y que, hasta ahora, no cuentan con procesos de sustitución a la escala requerida.
Un mapa que revela contrastes y riesgos
El informe parcial deja ver diferencias marcadas entre provincias. El Guavio registra la mayor superficie detectada con presencia de este material: 690.560,75 metros cuadrados, un nivel que supera ampliamente a cualquier otra subregión del departamento.
Sumapaz encabeza el listado de canales elaborados con asbesto, con más de 2.700 estructuras identificadas, seguida de Ubaté, Gualivá y Almeidas, todas con cifras superiores a 2.000 canales. En contraste, Alto Magdalena y Soacha no reportan canales, un vacío que podría responder a falta de información o a condiciones hidrológicas menos representativas.
El panorama se agrava al revisar los tanques de almacenamiento presentes en las provincias de Ubaté, Rionegro, Tequendama y Bajo Magdalena, donde la concentración de elementos fabricados con asbesto refleja una exposición prolongada y un riesgo sanitario que podría afectar a varias generaciones si no se adelantan procesos de remediación.
Estas cifras evidencian que buena parte de las infraestructuras rurales siguen operando con materiales de alto impacto para la salud, lo que exige decisiones inmediatas y una intervención coordinada entre autoridades locales, sector salud y organismos ambientales.
Asbesto: un enemigo silencioso que permanece en el aire
Aunque el país prohibió el uso del asbesto en 2019 y reglamentó la medida en 2021, sus efectos siguen presentes. El material fue utilizado durante años en cubiertas, tuberías, tanques y estructuras de fibrocemento que, al deteriorarse, liberan fibras microscópicas capaces de permanecer suspendidas en el ambiente durante largos periodos.
La exposición crónica puede desencadenar enfermedades como asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, patologías que en muchos casos aparecen décadas después del contacto inicial. Colombia aún recuerda el caso de Sibaté, donde la contaminación ambiental dejó un profundo impacto en decenas de familias, incluida la periodista Ana Cecilia Niño, una de las voces que impulsó la prohibición del material tras vivir su infancia en un sector afectado por residuos industriales.
El peligro no es únicamente humano. Las fibras de asbesto degradan la calidad del aire, contaminan suelos y pueden infiltrarse en fuentes hídricas, alterando la estabilidad de ecosistemas completos y comprometiendo la seguridad alimentaria y el bienestar de comunidades rurales.
Lo que evidencia el análisis: rezagos, vacíos y tareas pendientes
La transición hacia la eliminación total del asbesto en Colombia avanza, pero no al ritmo necesario. En varias provincias de Cundinamarca persisten estructuras antiguas que requieren inventarios actualizados, planes de manejo específicos y recursos suficientes para su sustitución.
Para cerrar estos vacíos, la Contraloría de Cundinamarca plantea un conjunto de prioridades:
- Fortalecer la capacidad institucional para identificar y gestionar pasivos ambientales.
- Mejorar la articulación intersectorial entre salud, ambiente, trabajo y planeación.
- Garantizar financiamiento estable para sustituir tanques, canales y cubiertas de fibrocemento.
- Impulsar campañas de sensibilización comunitaria y estrategias de educación ambiental.
El organismo de control anticipó que mantendrá un enfoque de riesgo sanitario y ambiental en sus auditorías, con el fin de verificar que los recursos públicos destinados a la sustitución de materiales peligrosos se ejecuten de manera adecuada y lleguen a las comunidades que más los necesitan.
El avance divulgado deja un mensaje contundente: el asbesto sigue presente, silencioso y persistente. La protección de la salud pública y de los ecosistemas dependerá de la capacidad institucional para acelerar su retiro definitivo.
La Contraloría exige reemplazar materiales y unir
esfuerzos para proteger a las nuevas generaciones del asbesto.
